El jeque comienza a gestionar el puerto de Marbella aunque no ha pagado aún el canon

La empresa del jeque Al-Thani adjudicataria del puerto de La Bajadilla ha comenzado a regularizar la gestión del cobro por los atraques del puerto de La Bajadilla, sobre el que tiene la concesión desde que en 2011 ganara el concurso para la ampliación del recinto con una inversión de 84 millones de euros. Cuando resta un mes para que venza el plazo del ultimátum dado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) para que cumpla con los compromisos adquiridos al ganar la licitación, entre ellos el pago del canon correspondiente a 2012 y 2013, la sociedad NAS Marbella S.A. (participada al 100 por cien por el grupo Nasir Bin Abdullah & Sons SL) ha remitido a los propietarios una comunicación en la que les informa de que deben pasar por las oficinas para renovar sus derechos por el uso de los atraques.

Se trata del primer gesto del entorno de Al-Thani sobre una gestión regularizada del puerto, después de que el año pasado la empresa esperara hasta diciembre para el cobro de los atraques correspondientes a ese ejercicio. En esta ocasión, la comunicación remitida a los propietarios de embarcaciones con amarre en La Bajadilla refiere a la posibilidad de abonar los derechos de atraque de forma trimestral o anual. El mensaje también advierte de que los concesionarios que a final de marzo no hayan abonado los derechos del año anterior se les resolverá el contrato y se les desalojará del punto de atraque.

La recaudación prevista supera el millón de euros, aunque la cantidad puede variar en función de que los propietarios de embarcaciones se acojan a la posibilidad de abonar por adelantado todo el año y conseguir de esa manera una bonificación que puede llegar hasta el 30 por ciento.

No obstante, según ha podido saber este periódico, algunos de los usuarios se están negando a pagar el canon a la empresa del jeque e incluso han denunciado la situación ante la APPA. Argumentan que NAS Marbella SA no es aún la concesionaria del puerto, ya que el contrato de concesión no ha sido todavía suscrito al no cumplirse los requisitos previstos en el pliego de condiciones.

De hecho, el incumplimiento de la condición de constituir la sociedad de acuerdo a los términos previstos en el pliego de condiciones es una de las cuestiones que motivaron que en enero pasado la Junta lanzara un ultimátum al jeque que puede provocar la anulación de la concesión.

No se trata de un asunto menor. El pliego establecía que la sociedad concesionaria debía constituirse con un capital social de al menos el 25 por ciento de la inversión comprometida para las obras de ampliación, que asciende a 84 millones de euros. En enero del año pasado, el jeque constituyó la sociedad NAS Marbella, que cumplía con ese requisito al presentar un capital social de 21 millones de euros, de los que se aportaron 5,3 millones de euros con el compromiso se suscribir en dos años la cantidad restante. Sin embago, la sociedad fue rechazada por el Registro Mercantil, que consideró que la cantidad retenida como aval no podía considerarse parte del capital social.

En octubre del año pasado se firmó otra escritura en la que el capital social se reducía a 4,2 millones, lo que no fue considerado válido por la APPA, que exige que antes del 23 de abril se constituya la sociedad con un capital social de al menos 21 millones.

El incumplimiento en la consitución de la sociedad en tiempo y forma ya le ha costado al jeque una multa de 30.000 euros, que no ha sido abonada y cuyo cobro está en fase de apremio.

Concesionaria

Al no haber sido todavía constituida la sociedad tal y como requiere la APPA, y por lo tanto al no haberse formalizado la concesión, esa sociedad no se ha convertido aún en concesionaria del puerto, según estos usuarios, que se niegan por ello a abonar el canon.

No obstante, el incumplimiento más importante en el que ha incurrido el jeque es el del pago del canon correspondiente al año pasado, por 750.000 euros, y al presente ejercicio, por la misma cantidad. Por el primer incumplimiento, la APPA ha dado traslado a Hacienda de la gestión del cobro, que se encuentra ya en fase de apremio.

Los otros requisitos que debe cumplir la sociedad antes del próximo 23 de abril son la presentación del plan de construcción acorde a la oferta presentada en el concurso para la ampliación del recinto, la regularización de los pagos a proveedores y la conformación de una estructura administrativa y técnica para la gestión del puerto y de las futuras obras.

La APPA ha advertido de que incoará un expediente para anular la rescatar la concesión si el 23 de abril no se han cumplido todos estos requisitos.