Un juzgado señala a bancos como responsables de promociones de viviendas sin terminar

El 'boom' inmobiliario no solo fue un gran negocio para las promotoras que veían cómo los pisos se los quitaban literalmente de las manos. Los bancos también se acostumbraron a vivir de las cómodas rentas provenientes del ladrillo. Ahora, el panorama es bien distinto, con un reguero de constructoras en quiebra o inmersas en procesos concursales que han dejado un horizonte plagado de viviendas sin terminar. Los grandes perjudicados, al margen de las miles de familias que invirtieron sus ahorros en un piso que jamás se construyó, han sido las entidades financieras, que han heredado un 'stock' de inmuebles y solares a los que difícilmente pueden dar salida en plena crisis. Son parte perjudicada, pero ¿pueden ser también corresponsables de esta situación? Según el Juzgado de lo Mercantil número 1 bis de Málaga, sí. De momento, esta sala ya ha dictado cuatro sentencias, la última el pasado 25 de septiembre, en las que afea a otras tantas entidades financieras el papel jugado al ejercer como verdaderos administradores de hecho de las promotoras, hasta el punto de que en algunos casos, el banco llegó a contratar directamente la ejecución de unas obras en una promoción e incluso a decidir a qué acreedores pagaba y a cuáles no. En tres de ellas la empresa implicada es Aifos, grupo inmobiliario que en julio de 2009 protagonizó la mayor suspensión de pagos de una sociedad andaluza con casi un millar de euros de deuda (ahora rebajado a la mitad) y cinco mil acreedores. La otra, Inversiones Primer de Torremolinos, también en concurso voluntario de acreedores desde 2010.

Aunque cada caso tiene sus peculiaridades y sus matices, en todas se pone de relieve la misma práctica: ante la imposibilidad de la promotora de hacer frente a los créditos suscritos, la entidad en cuestión se los cobraba con el dinero reservado para la construcción de las viviendas. ¿El resultado? Obras paralizadas. En este punto, conviene tener en cuenta el procedimiento habitual para la financiación de los proyectos inmobiliarios. Por regla general, la empresa suscribe un préstamo promotor con una determinada entidad financiera para construir un conjunto de viviendas, cuyo montante se abona por tramos (para la adquisición de los terrenos, cuando se han vendido un porcentaje de pisos y, el resto, a medida que avanzan las obras). De esta forma, al cerrar los bancos el grifo para garantizarse el cobro del resto de créditos pendientes, considera el juez que la promotora se quedaba sin margen de maniobra para culminar las viviendas y entregarlas a sus compradores.

De momento, la primera consecuencia es que estas entidades han visto cómo en ambos procesos concursales el dinero que le adeudan las promotoras ha pasado de tener la consideración de privilegiados especiales a subordinados, lo que se traduce en que cuando llegue el momento de saldar ese débito, en vez de cobrar los primeros, lo harían los últimos (si quedaran fondos para ello), por detrás del resto de bancos, Hacienda, Seguridad Social, trabajadores, proveedores y los compradores de viviendas. En el caso de Aifos, afectaría a créditos que, entre las tres entidades, suman 55 millones de euros. En Inversiones Primer de Torremolinos, la cifra ronda los 8,4 millones.

Concurso de acreedores

En cualquier caso, ninguno de estos pronunciamientos judiciales es firma. De momento, todos han sido protestados, ya que el recurso ante la Audiencia Provincial e instancias superiores no se puede presentar hasta que los administradores concursales concluyan el informe definitivo. Sin embargo, para el abogado de Aifos, Manuel Torres, «ya se ha abierto una puerta». «Cuando se abra el proceso de calificación de los acreedores se les va a abrir responsabilidad, ya que ese momento llegará antes que la resolución del recurso», precisa. En este sentido, el letrado recalca: «Aifos no pretende eludir su responsabilidad porque somos conscientes de que se han hecho mal muchas cosas, pero si los bancos no hubieran dispuesto del dinero a su antojo se podrían haber terminado y vendido las viviendas, lo que hubiera contribuido a aligerar el pasivo y la deuda contraída».