Dueños de viviendas ilegales llevarán al Parlamento su demanda de amnistía

Así y aún cuando todavía no se ha publicado en el BOJA la nueva norma, las asociaciones de afectados han decidido reanudar su lucha en favor de una amnistía generalizada para todas las edificaciones poniendo otra vez sobre la mesa la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a la que culpan en buena parte de la situación en la que se encuentran las más de 60.000 casas irregulares que existen en la provincia malagueña.

El desencanto que generado el Decreto entre los propietarios, ha llevado a la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares de Málaga (APVI), que agrupa a más de medio centenar de colectivos de afectados de toda la provincia, a convocar para el próximo 10 de febrero una asamblea con el único punto en el orden del día de acordar la recogida de las firmas necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular ante la Junta de Andalucía exigiendo el cambio de la LOUA y el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA).

«Lo que queremos es que se legalicen todas las viviendas que se puedan, incluidas las que están en suelo protegido», explicó ayer la presidenta de APVI, María del Mar Vázquez.

Según Vázquez, no es la primera vez que las asociaciones de propietarios de viviendas irregulares barajan la posibilidad de promover una Iniciativa Legislativa Popular con el fin de exigir la legalización masiva de todas las casas situadas en suelo no urbanizable.

Apoyo del 15 M

«Hace justo un año llegamos a mantener incluso varias reuniones con representantes de los distintos partidos políticos con el fin de poner en marcha una iniciativa de este tipo, pero la paralizamos ante el anuncio del Decreto de Regularización. Ahora, en cambio, la situación es diferente porque tenemos un Decreto que no sirve para nada y no nos resuelve nuestro problema», manifestó Vázquez, que dijo asimismo que APVI «cuenta en esta ocasión para sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular con el apoyo del 15 M».

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 111, permite que tanto los ciudadanos como los ayuntamientos puedan iniciar el procedimiento legislativo presentando proposiciones de ley ante el Parlamento para que éste, si lo considera conveniente, las debata y apruebe pasando así a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Cuando esta iniciativa la ejercen los ciudadanos son necesarias las firmas de al menos 75.000 ciudadanos mayores de edad y que esté inscritos en el Censo Electoral vigente el día de presentación de la iniciativa ante la Mesa del Parlamento. La regulación de este procedimiento figura en la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los ayuntamientos.