Todos de acuerdo: la 'ley Sinde' «no resuelve nada»

La versión de la 'ley Sinde' que llegará al Congreso de los Diputados -enmendada por PSOE, PP y CiU en el Senado- ha logrado poner de acuerdo a las partes implicadas: todos están descontentos con el resultado final. Eso sí: si a los creadores y artistas les gusta poco, a los internautas, nada de nada.

«Es un intento de acabar con la esencia de Internet, instaurando un nuevo tipo de censura», analizó ayer Facua-Consumidores en Acción. «Es la ley de la prepotencia y del miedo. No protege a los artistas ni a los emprendedores», criticó la asociación Red Sostenible. «Es un arma de chantaje y censura contra las webs», insistió la plataforma Libertad 2.0. «No ofrece ningún tipo de solución para el problema y nos pone en una inseguridad jurídica importante porque entre juez y juez se mete una comisión que no sabemos qué función tendrá en un futuro. Es un compadreo político», advirtió Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.

Hasta el Partido Pirata de Suecia (sic) emitió ayer un comunicado en el que calificaba de «hostil» la nueva ley, y la Asociación de Usuarios de Internet anunció, por su parte, que la recurrirá por «inconstitucional».

Las opiniones de los creadores son similares, pero basadas en puntos de vista diametralmente opuestos. «Espero que no se quede ahí», comentó la cantante Pastora Soler. «Es un paso, pero hay que avanzar más», advirtió su compañera Merche. «La ley debe ser mejorada porque presenta carencias que no permiten atajar de manera eficiente las conductas vulneradoras», aseguró La Coalición de Creadores.

Un recurso «ineficaz»

Más duro se mostró Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, quien manifestó que «la ley que sale del Senado es peor que la que salió del Congreso porque introduce unas garantías que tampoco hacían tanta falta». El Instituto Ibercrea, que agrupa a cuatro entidades de gestión de derechos de autor, calificó la ley de «ineficaz» porque los ciudadanos particulares «quedan excluidos del proceso de pedagogía y sanción» y «no aclara que ocurrirá con los servidores que no tienen el domicilio fiscal en España».