La Junta insta a la Justicia a ejecutar la orden de cierre del vertedero de Torremolinos

Salvo por la mayor cantidad de residuos que llegan como consecuencia del aumento poblacional que se produce cada verano, nada ha cambiado en el vertedero de Torremolinos desde que a comienzos de año un juez ordenara su cierre. La actividad del único basurero al aire libre que queda en la provincia (ubicado en plena sierra) se mantiene como si nunca se hubiera producido ese pronunciamiento judicial, tal y como han constatado durante las últimas semanas agentes de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta, que acaban de remitir un informe al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga en el que advierten de que el vertedero sigue activo.

Apoyándose en una serie de fotografías de camiones entrando y saliendo del mismo, se insta a la titular del citado juzgado a que adopte las medidas oportunas para que se ejecute el auto dictado el pasado 29 de enero en el que se ratificaba su clausura al desestimar la suspensión cautelar solicitada por la empresa municipal Litosa (Limpieza de Torremolinos, S. A.) contra la resolución de Medio Ambiente de febrero de 2007 en la que se exigía el cese inmediato de la actividad en el basurero.

La postura de la Junta es clara al entender que las instalaciones no cuentan con la pertinente autorización administrativa, carece de un estudio de impacto ambiental y, además, entraña un riesgo de contaminación para los acuíferos del subsuelo de la sierra, de donde se abastecen Torremolinos, Benalmádena y Alhaurín de la Torre. Sin embargo, no fue hasta 2006 cuando se abrió expediente sancionador contra Litosa (responsable del vertedero) a raíz de una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la supuesta comisión de una infracción administrativa consistente en la gestión inadecuada de residuos peligrosos. Un procedimiento que se tradujo en la citada orden de sellado del vertedero y en una multa de 60.000 euros, cuya ejecución sí que ha quedado en suspenso de forma cautelar.

Para justificar su negativa a la paralización de la orden de cierre, la magistrada afirmó en su escrito que el interés público y la protección del medio ambiente «deben prevalecer» por encima de los posibles daños o perjuicios que se le puedan ocasionar al Ayuntamiento por el cese de la actividad. Además, recalca que Litosa tiene «otras alternativas, aunque más costosas, para no dejar de prestar el servicio», en referencia a la planta de tratamiento de Casares, gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Occidental y a donde llega toda la basura que se genera desde Manilva hasta Benalmádena (a excepción de Mijas, que tiene su propio vertedero)

Pulso municipal

En el Ayuntamiento nunca se han mostrado dispuestos a ceder un ápice -aunque a raíz del dictamen judicial puede cambiar su actitud- y mantienen el pulso defendiendo la legalidad del basurero y agarrándose a unos estudios en los que, según apuntan, se descarta cualquier efecto sobre los acuíferos. Además, en el equipo de gobierno del PP acusan al Gobierno regional de pretender con esta actuación que los residuos sólidos sean enviados a Casares.

Una posibilidad que el Consistorio ni siquiera se plantea bajo el argumento de que el incremento de los costes derivados del transporte de las 60.000 toneladas de residuos que se producen al año (desde Torremolinos hasta el complejo medioambiental hay 96 kilómetros) tendría una repercusión directa en el recibo de la basura. Así pues, la única alternativa que están abiertos a escuchar es la construcción de una nueva planta más cercana al municipio.