Torremolinos mantiene el vertedero frente a la orden judicial de cierre

El auto dictado el pasado 29 de enero por la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga en el que se ratificaba el cierre del vertedero municipal de Torremolinos no ha traído, de momento, ninguna consecuencia en el basurero, que continúa en funcionamiento. En el Ayuntamiento no confirman si finalmente se ha presentado un recurso de apelación -el plazo para hacerlo ya ha finalizado- contra la desestimación de la suspensión cautelar solicitada tras la orden de clausura dictada por la Junta de Andalucía, algo que, según fuentes de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, tampoco impediría que se haga efectivo el sellado del vertedero, puesto que sobre el auto no cabe la posibilidad de una nueva suspensión.

Por su parte, en el Consistorio mantienen el mismo discurso defendido hasta ahora en este proceso, recordando que «se creó cuando gobernaba el PSOE» y afirmando que el vertedero «está en perfecto estado», basándose en unos estudios que, según apuntan, descartan cualquier incidencia sobre los acuíferos de la sierra.

Además, inciden en que «la única pretensión» del Ejecutivo autonómico es que los residuos sólidos sean enviados a la planta de tratamiento de Casares, gestionada por la Mancomunidad de Municipios la Costa del Sol Occidental y a donde llega toda la basura que se genera desde Manilva hasta Benalmádena. Sin embargo, el equipo de gobierno de Pedro Fernández Montes (PP) sigue desechando esta posibilidad, alegando que el incremento de los costes derivados del transporte (desde Torremolinos hasta el complejo medioambiental hay 96 kilómetros) traería consigo un encarecimiento del recibo de la basura. Como contrapartida, el Ayuntamiento siempre ha propuesto que se construya una nueva planta más cercana.

El pronunciamiento judicial del pasado mes de enero (notificado a mediados de febrero) es el resultado del recurso presentado por el Ayuntamiento contra la resolución dictada por Medio Ambiente en febrero de 2007 a raíz de una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. En el expediente se exigía el cierre inmediato del único basurero al aire libre que queda en la provincia, al considerar que supone un riesgo de contaminación para los recursos hídricos del subsuelo de la sierra, de donde se abastecen Torremolinos, Benalmádena y Alhaurín de la Torre. En el auto, la jueza sí que aceptó la suspensión cautelar de la multa de 60.000 euros impuesta en ese mismo expediente sancionador contra la empresa municipal Litosa (Limpieza Torremolinos, S. A.), responsable del vertedero.

Protección ambiental

En sus razonamientos jurídicos, la magistrada justifica su negativa a la paralización de la orden de cierre afirmando que la protección del medio ambiente y el interés público «deben prevalecer» por encima de los posibles perjuicios que se le puedan ocasionar al Ayuntamiento por el cese de la actividad. Además, sobre este extremo recuerda que existen «otras alternativas, aunque más costosas, para no dejar de prestar el servicio», en referencia a la planta inaugurada en Casares en 1999.

No es nuevo el enfrentamiento entre las administraciones local y autonómica acerca del sellado del vertedero, cuya ubicación fue rechazada hasta en dos ocasiones por el Instituto Geológico y Minero de España por su proximidad al acuífero. La polémica se acentuó con la negativa del Ayuntamiento a acogerse al Plan Director de Residuos Urbanos aprobado en 1998, que supuso el cierre de 64 escombreras incontroladas en la provincia.