Los impagos dejan en la estacada a los doce empleados de La Fonda, sin cobrar desde julio

Han pasado de formar parte de una de las escuelas de hostelería con mayor prestigio del país a tener que defender sus derechos laborales básicos. Los doce empleados de La Fonda, en Benalmádena, no cobran sus nóminas desde julio, y la espiral de incertidumbre abierta en septiembre, cuando debía haber comenzado el curso, parece no tener fin. «Esto no es vivir, sino sobrevivir», asegura la representante sindical, Carmen Sánchez. Según ha podido saber este periódico, algunos de estos trabajadores se enfrentan a la imposibilidad de seguir aplazando los créditos solicitados e incluso a amenazas de desahucio: «Es mucho tiempo sin cobrar. Contamos los céntimos para llegar a fin de mes y nos vemos en la obligación de pedir ayuda a familiares o amigos».

En octubre, la Junta de Andalucía anunció que asumiría el cien por cien de estas escuelas consorcio, hasta ahora compartidas con los ayuntamientos, y trazó una hoja de ruta para la integración de sus trabajadores en el ente público autonómico de Infraestructuras y Servicios (ISE). La nueva fórmula tiene como objetivo garantizar la solvencia económica de los once centros de estas características que hay en Andalucía, pero lo cierto es que, salvo en La Cónsula, la Consejería de Educación aún no ha autorizado el inicio de las clases. La delegada en Málaga, Patricia Alba, sostiene que este modelo está contemplado en los presupuestos de 2015, algo que en teoría permitirá afrontar los pagos con normalidad, y que el curso comenzará este mes. Sin embargo, los empleados de La Fonda, que se incorporaron a su trabajo el pasado 7 de enero tras el parón navideño, optan por el escepticismo: «Son ya muchas promesas,solo queremos que acabe esta pesadilla cuanto antes».

Los impagos han abierto una brecha incluso entre la propia plantilla. Mientras algunos trabajadores optan por esperar, otros han reclamado judicialmente las nóminas atrasadas. Su portavoz envió un comunicado en diciembre en el que señalaba que «cobrar algo» sería un gran regalo de Navidad, una afirmación muy criticada por algunos de sus compañeros. «No somos pedigüeños circunstanciales, ni nada parecido. Se está menoscabando nuestra dignidad personal y profesional, altamente cualificada y desarrollada, y ese desprestigio está motivado exclusivamente por la negligencia de los gestores responsables del consorcio ya extinto», respondieron el profesor jefe de cocina, Antonio Pedraza, y el instructor primer maitre, José Roldán, empleados de La Fonda desde su apertura. La representante sindical apostilló sus palabras: «Claro que queremos dignidad, la situación es bastante cruda».

El modelo concebido desde la Junta permitirá que estos consorcios no dependan de una subvención anual, sino que se aprovecharán de las economías de escala y el conjunto de recursos públicos, y promoverá acuerdos de colaboración con el sector privado que garanticen la empleabilidad futura de los alumnos, los otros grandes afectados por esta situación. En La Fonda hay matriculados 56 alumnos, 32 para sala y 24 para cocina. Todos ellos se toparon con la falta de autorización para comenzar las clases por parte del Ejecutivo andaluz en septiembre, cuando muchos ya habían dejado sus puestos de trabajo para incorporarse al curso o habían firmado un contrato de alquiler. «La mayoría ha tenido que volver a casa de sus padres, porque viven en otras ciudades, y otros hemos perdido casi un año», afirma Sandra Franco, que optó por no matricularse de las asignaturas que le faltan para terminar su carrera por la incompatibilidad que suponía con su matrícula en el centro benalmadense. En otros casos, como el de Mikael Fuentes, se presenta la disyuntiva entre confiar en la inminencia del inicio del curso o empezar a trabajar: «El paro se acaba y estamos rechazando empleos eventuales sin tener fecha de comienzo siquiera».

A ese limbo del que profesores y alumnos no saldrán hasta que la Junta asegure qué día abrirán sus puertas tanto La Fonda como el resto de escuelas en su situación se suma la deuda contraída con los proveedores, que en el caso de la escuela de Benalmádena asciende a 300.000 euros. El Gobierno andaluz reclamó al Ayuntamiento el pago de la parte que le correspondía, ya que el Consistorio contaba con el 30 por ciento del consorcio hasta su disolución en el pleno extraordinario de hace una semana. La alcaldesa, Paloma García Gálvez, alega que la Junta no aporta toda la documentación requerida y que la Administración local ya cede la parcela, de titularidad municipal. Mientras se soluciona la maraña burocrática, los doce empleados de La Fonda continúan sin cobrar.