La infanta Cristina, imputada como «cómplice» o «cooperadora necesaria» de los delitos de su marido

No imputar a la infanta "sería un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos". Así lo asegura en su auto el juez José Castro, que enumera los catorce indicios que le han llevado a citar a la hija del Rey tras llegar al convencimiento de que hizo un "uso utilitarista" de su cargo en la Familia Real con la "pretensión de aparentar ante empresas e instituciones púbicas que las operaciones del Instituto Nóos eran conocidas y gozaban del respaldo de la Casa Real".

"No se acaba de entender que Cristina no supiera que su esposo estaba obteniendo un trato privilegiado", llega a afirmar el instructor, que se muestra convencido de que la infanta, junto a su secretario, Carlos García Revenga, "prestaron su consentimiento" para que Nóos usara sus cargos para captar clientes. Castro, además, reconoce que los correos aportados por Torres que demostrarían que Urdangarin mantenía al tanto de sus negocios a su mujer y que la infanta hizo gestiones para proyectos de su marido han terminado de convencerle para imputar a la duquesa de Palma.

Al margen de los correos, Castro también valora otras pruebas como el hecho de que sea la única de los cinco miembros de la Junta Directiva de Nóos que no está imputada; que fuera la coopropietaria de la inmobiliaria Aizoon presuntamente usada por Urdangarin para desviar cerca de un millón de dinero público a su bolsillo; que ella aprobara las cuentas anuales de esa firma; que fuera la primera titular de la cuenta que abrió Aizoon; o que girara facturas contra esa mercantil por valor de 600 y 700 euros semanales como si fuese un proveedor más. Todo ello, además del hecho de que recibió en una cuenta a su nombre, no compartida con su marido como otras muchas usadas para desviar dinero, 12.671 euros procedentes de Nóos Consultoría, una de las sociedades satélites de Urdangarin y Torres.

La Fiscalía, en contra

La postura de Castro no es compartida por los responsables de Anticorrupción, que admiten que quizás no se hubieran opuesto a la citación de la infanta al inicio de la instrucción basándose en su puesto como vocal del Instituto Nóos. En Fiscalía insisten en que un año y medio de interrogatorios y diligencias no han aportado "indicios sólidos" para probar que la duquesa de Palma tomó "decisiones pro activas" para ayudar a Iñaki Urdangarin en la comisión de un delito. Algunos de los últimos correos electrónicos aportados por Torres, explican, podrían apuntar a que en algún momento pudo estar al tanto de los negocios de su marido, pero ese conocimiento o el hecho de que ella misma fuera beneficiaria de ese dinero supuestamente ilícito dista mucho de ser una prueba en la que basar una acusación.

Desde la Fiscalía recuerdan que en todo el sumario no hay un solo papel que pruebe que Cristina de Borbón estuviera en el día a día de los trabajos en el Instituto Nóos o el enjambre de empresas que rodeaban esa institución o que controlara las cuentas de estas firmas, como sí hacía Ana María Tejeiro.

Castro, por su parte, ya demostró que no le tiembla el pulso para imputar a un alto cargo de la Casa Real sin el apoyo de Anticorrupción, ya lo hizo con Carlos García Revenga, el secretario de las infantas, al que llamó a declarar sin que lo pidiera el fiscal, aunque no se opuso a esta medida. El juez, también sin el respaldo del Ministerio Público, ordenó que Hacienda investigara si la infanta pudo acogerse a la amnistía fiscal.

El magistrado comparte algunos de los argumentos de Anticorrupción, pero considera que la acumulación de tantos indicios, aunque sean débiles, hacen imprescindible el interrogatorio de Cristina de Borbón. Y citarla como testigo sería poco garantista para la propia esposa de Urdangarin, que debería responder, sin derecho a mentir, sobre cuestiones que, quizás, podrían implicarla.