Los puertos privados vuelven a recurrir las tasas de la Junta tras año y medio de negociación fallida

El conflicto abierto entre los recintos náuticos de titularidad privada y la Consejería de Fomento, de la que depende la Agencia pública de Puertos de Andalucía (APPA),no es nueva. Suma ya más de una década de andadura y alrededor de 800 recursos contenciosos en los juzgados. La patronal reitera que el canon es «abusivo», a pesar de que ha experimentado una rebaja desde que comenzaron las denuncias, y que además fue anulado por el Tribunal Supremo hace ya dos años.

En 2014 el alto tribunal les daba la razón al declarar nulo el decreto que regulaba un canon que en algunos casos llegó a disparar la factura. Uno de los ejemplos más llamativos fue el del Puerto Deportivo de Marbella, donde se pasó de 7.000 euros anuales a 380.000 euros. En Puerto Banús, la subida aplicada en 2007 incrementó el canon de 118.000 euros a 1.080.000 euros.

Para el presidente de Marinas de Andalucía, José Carlos Martín, «la Administración Pública ha iniciado una nueva agresión contra los puertos deportivos al enviar una notificación de nuevas tasas no pactadas y amparadas en el decreto ley 14/2014 que continúa siendo un fraude para todos los usuarios y adolece de carácter Constitucional, como ya ocurriera con el anterior decreto 371/2004, declarado nulo por el Tribunal Supremo en julio de 2014».

El sector insiste en que la ley vigente, aprobada por urgencia, no resuelve el problema ni corrige lo dictaminado por el Supremo. «El problema en esta ocasión, como venimos denunciado y reconoció el Tribunal Supremo, es que no se justifica ese incremento del canon. Los puertos no decimos: cóbrenos esto. Sino: justifiquen ustedes que la tasa que debemos pagar es la que dicen», apunta el portavoz del sector, quien añade que el decreto ley 14/2014 «lo único que hace es garantizar que se puede seguir recaudando, dado que el anterior está recurrido en los tribunales».

Tras el espaldarazo de la justicia a los recursos contra las tasas aplicadas de 2006 a 2012, la patronal de los puertos deportivos recurrió igualmente las cursadas en los dos ejercicios posteriores (2013 y 2014) y ahora repiten con las correspondientes a 2015 y 2016.

Desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) se insiste en que el canon no se puede dejar de cobrar tras cada año devengado, ya que de no hacerlo se estaría incurriendo en un incumplimiento de la legislación al tratarse de un impuesto de una administración.

El sector anuncia que trasladará la batalla que ya libran en los juzgados al propio Parlamento Andaluz. Para ello, aseguran, no irán solos. Sumarán los apoyos de otros colectivos afectados por la subida de tasas, como lonjas o clubes náuticos. «Tenemos la esperanza de ganar en los tribunales pero también de convencer al Parlamento y decirle: oiga, que el anterior gobierno aprobó un decreto ley para que la APPA pueda seguir cobrando, pero que no soluciona el conflicto».