La Junta deja en el aire más de cinco mil viviendas en proyecto para la costa malagueña

El pasado viernes se cumplió un año desde que terminó el plazo que tenían ayuntamientos y particulares para alegar contra el blindaje de suelos establecido por el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, un documento tramitado por la Junta de Andalucía que, en el caso de la provincia de Málaga, supone anular la construcción de más de cinco mil viviendas en diferentes sectores situados dentro de la franja de 500 metros más próxima a la línea de playa. Aunque los ayuntamientos temían que las restricciones que el Gobierno andaluz iba a establecer para su expansión con este plan serían mucho mayores, la anulación de casi una veintena proyectos residenciales les supone una brecha en sus propósitos de desarrollo en los próximos años y, también, una merma de ingresos económicos vinculados al urbanismo.

De ahí que presentaran unas alegaciones que, un año después, todavía no han sido respondidas por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que, según los plazos del decreto por el que se dio luz verde a la elaboración de este plan de protección de la franja costera, debe procurar la aprobación definitiva del documento antes del próximo 28 de noviembre. La ausencia de respuesta sobre el futuro de los sectores protegidos por sus valores ambientales en el plan genera incertidumbre en los ayuntamientos, que no se explican este silencio un año después de que aportaran sus réplicas a lo reflejado en los planos.

Es el caso de Torrox, donde el plan litoral bloquea la ejecución de 3.157 inmuebles, en una superficie de 152 hectáreas, en la zona de Calaceite, al este del término municipal. El alcalde , Francisco Muñoz (PSOE), espera que la Administración andaluza cambie de criterio, «ya que son sectores que tenían muy avanzados los trámites urbanísticos, y nos podríamos tener que enfrentar a indemnizaciones millonarias», matizó.

Al mismo tiempo, el regidor torroxeño aprovechó para exigir a la Consejería de Fomento, en manos de IU, que impulse «de una vez por todas» el proyecto del puerto deportivo previsto en el límite con Nerja, precisamente en la zona de Calaceite, y que también se podría ver muy perjudicado de no desarrollarse las 3.157 viviendas contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística de 1992 y en el Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía de 2006.

En Vélez-Málaga, el plan bloquea 622 viviendas por desarrollar en los núcleos costeros de Benajarafe, Chilches, Almayate, Caleta y Lagos. El equipo de gobierno del PP entiende que este documento «frena el desarrollo natural de la capital de la Axarquía, genera inseguridad jurídica, paraliza inversiones y crea sin sentidos como que se proteja la franja entre los 100 y los 500 metros desde la línea de playa cuando los primeros cien ya están construidos», explicó la concejala de Urbanismo, Concha Labao.

«Todos estos sectores estaban previstos en el PGOU de 1996 y en el POTAX de 2006, ambos con autorización de la Administración andaluza», se lamentó la edil veleña, quien añadió: «Los golpes de timón del PSOE, cuando gobernó en solitario y cuando lo hace con IU, son para echarse a temblar, porque esto crea una gran inseguridad jurídica y aleja a los inversores, que compraron los terrenos y pagaron los convenios con el convencimiento de que podían construir. Si ahora viene la Junta y lo para, ¿quién los indemnizará?», se preguntó.

Estepona

En el extremo occidental de la provincia, el plan litoral impide la construcción de más de mil viviendas en tres zonas costeras de Estepona que considera que deben preservarse por sus valores ecológicos. El Ayuntamiento de esta localidad no comparte esta protección porque considera que los valores de estos sectores ya están suficientemente preservados por otro tipo de normativas.

Otros ayuntamientos afectados como Casares o Mijas no han presentado alegaciones contra el plan y han dejado la iniciativa de rechazo en manos de los propietarios de terrenos perjudicados. No obstante, Casares -donde gobierna IU- sí consultó a la consejería sobre qué administración debería responder en el caso de que se exigieran indemnizaciones por parte de los privados. Tampoco ha habido respuesta por el momento.

Desde la Consejería de Medio Ambiente anunciaron que se van a mantener en breve reuniones bilaterales con los ayuntamientos afectados para abordar las alegaciones que presentaron, y apuntaron que están haciendo todo lo posible por aprobar el plan dentro del plazo que se marcó la propia Junta y que expira el próximo día 28. No obstante, este plazo podría ampliarse de forma excepcional.