«El mito de las denuncias falsas no tiene base empírica y se combate desde la igualdad»

¿Cómo ha evolucionado la percepción social de la violencia machista en las últimas décadas?

Se ha sacado a las víctimas de la esfera de lo privado, de los crímenes pasionales, como antes se llamaban. Los asesinatos a mujeres se ocultaban bajo arrebatos, obcecaciones y ataques de celos para esconder la esencia de la violencia de género.

Hace no tanto estos casos se trataban como «líos de faldas».

Así era. Los órganos judiciales, los cuerpos y fuerzas de seguridad y los medios de comunicación debemos hacer autocrítica. Durante mucho tiempo no tratamos a estas víctimas como lo que eran. En 1997, el caso de la heroína Ana Orantes, que fue entrevistada en televisión días antes de ser asesinada por su maltratador, fue una catarsis. Alumbró a las víctimas.

Aquel caso supuso un punto de inflexión para la sociedad. ¿También para el poder judicial?

Sí. El ámbito jurídico es un espejo de la realidad social, pero aún tuvieron que pasar varios años, hasta 2004, para que se legislara con perspectiva de género. Hasta entonces no hubo una Ley Integral que nombrase a las víctimas de violencia de género.

Ya desde la distancia, ¿tuvo la ley suficientes medios en sus inicios?

Permitió especializarnos, que era el punto de partida. Nació con una memoria económica y sigue necesitando medios para suplir sus carencias tras trece años de legislación. He intervenido en el Congreso y en el Senado para exponer la necesidad de reforma de algunos puntos en los que la ley se ha quedado obsoleta.

¿Cuáles son esos vacíos?

Las leyes son como seres vivos. Necesitan estar constantemente mimadas y adaptadas a la realidad. Necesita desafíos. Por ejemplo, en cuanto a la reinserción de los maltratadores. Estamos viendo que la ley no ha servido para reinsertarlos y es un débito que tenemos con la sociedad, porque estos maltratadores son padres y futuras parejas de otras mujeres. Los delincuentes de género son reincidentes. Hay que incidir en esa rehabilitación, pero también en ver a los menores como víctimas directas de la violencia de género. Esto último me parece fundamental.

¿Por dónde pasa la reinserción de los maltratadores?

El edificio de la igualdad se construye desde la educación. Un maltratador ha crecido en la asimetría y la desigualdad. Y hay que desprogramarlo y educarlo en igualdad, pero eso no corresponde a la esfera judicial.

En cuanto a las víctimas, ¿cómo podría mejorarse la ley?

Hay que empoderarlas desde el punto de vista psicológico. Se nos derrumban en los procesos judiciales y acaban haciendo uso de un artículo que considero arcaico, que es el 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a cualquier víctima no declarar en contra de su pareja. Esto provoca numerosos archivos y sentencias absolutorias. Abusan de ese artículo influidas por sus maltratadores.

¿Percibe cierto retroceso en el trato entre adolescentes?

No tenemos cifras absolutas de violencia de género. Vemos el vértice del iceberg, pero el sustrato de la desigualdad está enquistado en nuestra propia educación. Es cierto que hay muchos casos de violencia de género entre adolescentes. Las nuevas formas de acoso a través de las redes sociales son delito y dejan huella. Cuando voy a los institutos insisto en que los celos o dar contraseñas a una pareja no son pruebas de amor.

Controlar a otra persona resulta mucho más sencillo ahora.

Efectivamente. La inmediatez en las comunicaciones se utiliza para controlar y empodera a los maltratadores. Las redes sociales son magníficas, pero su mal uso puede multiplicar el poder sobre las víctimas.

Hay un libro de Miguel Lorente con un título escalofriante: Mi marido me pega lo normal. ¿Hasta ese punto está asentado el machismo?

Es un libro magnífico. Los indicadores que manejan los equipos multidisciplinares de los juzgados nos hablan de una indefensión aprendida de las mujeres cuando se enfrentan a casos de violencia por parte de sus parejas. Por desgracia, la tolerancia es muy alta. Para muchas de ellas son situaciones normalizadas, pero ahí debemos intervenir todos, especialmente los juristas, para sacar la violencia de esa normalidad y situarla en la esfera del delito.

¿Las condenas por maltrato psicológico continúan siendo una asignatura pendiente por parte de los órganos judiciales?

En Málaga y en Andalucía somos unos privilegiado por tener una unidad de valoración integral de violencia de género que otras ciudades y comunidades, como Madrid o Valencia, no tienen. Sería muy complicado demostrar judicialmente un delito de maltrato psicológico sin esas pruebas periciales.

Violencia física

¿Cometemos el error de equiparar la violencia machista únicamente a los asesinatos?

La violencia física es el último reducto, pero antes casi siempre hay maltrato psicológico. El concepto violencia de género debe englobar todas las violencias que se ejercen contra una mujer por el hecho de serlo. Así lo marca el convenio de Estambul. Ahí entran delitos contra el honor, ablaciones, agresiones sexuales, trata de mujeres El legislador debe reflexionar para incluir estos delitos como violencia de género, no como delitos genéricos. Son delitos de desigualdad.

Muchas mujeres no denuncian. ¿Cuál es la espiral de violencia que explica ese inmovilismo?

Hablamos de las víctimas más especiales que existen. Están sometidas por lazos psicológicos. Es muy difícil romper ese vínculo, y cuando lo rompen a veces el artículo 416 les permite dar un paso atrás. En más de un 60 por ciento de los procesos judiciales se hace uso de ese artículo, que propicia sentencias absolutorias. Hay que dejar muy claro que la mujer que no denuncia tiene más posibilidades de ser asesinada. De cada diez mujeres asesinadas, sólo una denuncia. Eso demuestra la cantidad de mujeres que soportan la violencia. Es un círculo del que puede salirse.

¿Cuánto daño ha hecho el mito de las denuncias falsas?

Es un falso mito que se combate con igualdad. No tiene base empírica alguna. Únicamente el 0,019 por ciento de las 130.000 denuncias presentadas cada año son falsas. Todos los demás archivos y sobreseimientos están amparados por el artículo 416, que permite el silencio de la víctima.

A menudo se relaciona esta lacra con la falta de recursos económicos.

Es otro mito. La violencia no está enquistada únicamente en sustratos sociales bajos o entre inmigrantes. El único denominador común de las víctimas es su condición de mujer.

¿Para cuándo un pacto de Estado?

Es absolutamente necesario. Hablamos de una realidad social demoledora. He sido convocada para exponer las necesidades judiciales, que pasan por los asuntos que ya hemos comentado. Sería un abrazo de todas las instituciones y espero que se alcance pronto un acuerdo.

¿Hay algún caso del que le haya costado desvincularse?

Muchos. Son situaciones tremendas. Hay que trabajar la empatía, pero desde cierta distancia para no perder nuestra perspectiva como jusistas. Nos enganchan especialmente los casos de madres con menores.

¿La formación de los trabajadores que atienden a las víctimas, desde la denuncia hasta el final del procedimiento, es adecuada?

La ley Integral exige la formación en género. Las mujeres que acudan a un proceso judicial tienen la garantía de que siempre van a ser atendidas por funcionarios, fiscales, trabajadores sociales, psicólogos y jueces expertos en género. Me consta que también ocurre fuera de la esfera judicial. Nunca vamos a cuestionar su situación, y esto es fundamental. Antes de la Ley Integral se cuestionaba mucho a estas víctimas por el mito de las denuncias falsas. Hay que transmitirles un mensaje de confianza. Nos acercamos a ellas desde la empatía, hacia ellas y hacia sus hijos.

¿Funcionan los juicios rápidos?

Depende de cada delito. Una vida de sufrimiento no puede juzgarse en 24 horas, pero a veces es una herramienta adecuada para dotar de inmediatez a las intervenciones.

El camino hacia la igualdad, ¿cuánto de largo es?

La sociedad está impregnada de conductas machistas que a veces perpetuamos las propias mujeres. Quizá me excedo, pero creo que tenemos que ser intolerantes y activistas contra la violencia de género. Todos debemos involucrarnos, desde la sociedad civil hasta las instituciones, y por supuesto los juzgados. La desigualdad se combate desde nuestras casas y desde nuestros trabajos.

¿Cuáles son las herramientas para combatir esa diferencia de trato?

La educación es la llave. Nos llevará a la igualdad, y sólo cuando tengamos una sociedad igualitaria dejará de existir la violencia de género.

Como mujer que ocupa un cargo de responsabilidad, ¿el machismo ha sido un obstáculo?

Le voy a poner un ejemplo. Cuando llegué a Málaga, un periodista me hizo una entrevista en la que hablamos de mi interés por la igualdad. Después apareció este titular: «Flor de Torres, una fiscal en minifalda».

¿Se declara feminista?

Creo que, desde la posición que ocupo, no debo contestar a esa pregunta. Personalmente, estaré encantada de respondérsela en cualquier otro momento.

¿Considera que está demonizándose el feminismo?

Es una entrevista profesional y los jueces y fiscales tenemos que reservarnos ciertas opiniones. Debemos mantener ese halo de imparcialidad.