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Recreación de las ‘tecnocasas’ previstas en Cobertizo del Conde. Sur
Una mujer simuló vivir de alquiler en una casa para que la Junta le pagara una expropiación

Una mujer simuló vivir de alquiler en una casa para que la Junta le pagara una expropiación

El Ayuntamiento prevé aprobar hoy la anulación del expediente por el que estuvo a punto de abonarle 40.288 euros por el arrendamiento

Jesús Hinojosa

Málaga

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Miércoles, 18 de octubre 2017, 00:35

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La picaresca está también a la orden del día en lo que a expropiaciones llevadas a cabo por la administración pública se refiere. El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo abordará hoy el llamativo caso de un expediente de expropiación que se aprobó hace seis años para indemnizar un derecho de alquiler en una vivienda que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pactaron adquirir dentro del acuerdo que rubricaron en 2005 para regenerar varios enclaves del entorno del Centro con las llamadas ‘tecnocasas’, viviendas en alquiler con un espacio vinculado para el teletrabajo. Aquel plan se frustró y aún está por firmarse el acuerdo por el que las dos administraciones se repartirán los suelos que se incluyeron en él para destinarlos a otros fines, pero los expedientes expropiatorios siguen su curso y es por ello que se ha descubierto y desmontado un supuesto fraude.

Según explicaron fuentes municipales, la reclamación de la Gerencia de Urbanismo a la Junta de los 40.288 euros en que fue valorada la indemnización por este derecho de arrendamiento en una vivienda situada en el número 6 de la calle Poeta Luque Gutiérrez, en la zona de Lagunillas, es lo que llevó a la Administración regional a comprobar si la beneficiaria de esta expropiación tenía alguna vivienda en propiedad. Con asombro, los servicios técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) comprobaron que esta ciudadana y su pareja habían escriturado en marzo de 2009 una vivienda de protección oficial de la propia Junta que compraron en octubre de 2008.

El pasado mes de enero, AVRA remitió un escrito a Urbanismo en el que le solicita que anule este expediente de expropiación que le había encargado porque la expropiada «omitió información esencial» de forma «claramente intencional» que, de haber sido tenida en cuenta, no habría llevado a activar el procedimiento. «Efectuadas las correspondientes averiguaciones se ha detectado que el interesado y su pareja, en el momento de producirse la expropiación, ya residían en una vivienda protegida y que con fecha de 24/3/2009 se convirtió en dueño de dicha vivienda», señala la agencia de vivienda de la Junta. «De lo anterior se deduce que el interesado simulaba residir en alquiler en la vivienda objeto de expropiación, exclusivamente para poder percibir a indemnización, sin que realmente residiese en la citada vivienda, dado que para la adjudicación de una vivienda protegida en absoluto podría estar en otra en alquiler», añade la administración regional en su misiva al Ayuntamiento.

Incluido un premio

El pasado mes de febrero, el gerente de Urbanismo, José Cardador, emitió una resolución para declarar nulo este expediente de expropiación, contra el que la persona afectada no presentó alegación alguna, por lo que a la valoración de la indemnización por el alquiler se le sumó un 10% como premio por no oponerse, tal y como establece la legislación urbanística. En el curso de este proceso, el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un informe en el que señala que, para poder dictaminar sobre este caso –paso previo a su resolución final–, necesita que el consejo rector de Urbanismo tome conocimiento del mismo, y de ahí que se vea en la sesión de hoy.

Fuentes municipales aclararon que no se le han llegado a abonar a la expropiada los 40.288 euros de indemnización por el alquiler, por lo que no se ha producido un perjuicio económico para la administración más allá de la tramitación de un expediente presuntamente fraudulento. Por su parte, desde la AVRA no precisaron si se van a tomar medidas judiciales contra los expropiados por este supuesto engaño a la administración. «Lo estudiarán los servicios jurídicos centrales de Sevilla», apuntaron.

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