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Juan Cano
Miércoles, 4 de enero 2017, 00:19
En las primeras 72 horas del año, Salvamento Marítimo ha rescatado frente a las costas andaluzas a 258 inmigrantes en una oleada de pateras sin precedentes en el último lustro que ha puesto en jaque al Gobierno español. Con las costuras de los Centros de Extranjeros (CIE) a punto de reventar, el Ministerio del Interior se está viendo obligado a dejarlos en libertad, pese a carecer de papales, por la ausencia de plazas donde internarlos.
El hilo de la costura ha saltado en Málaga, donde ayer mismo arribó la última de estas pateras tras ser interceptada a 36 millas de la capital con 52 subsaharianos a bordo. Es la segunda que desembarcaba en el puerto de la ciudad desde la mañana de Año Nuevo, cuando llegaron otros 52 inmigrantes que, tras pasar tres días «retenidos» en comisaría, quedarán hoy en libertad, según ha podido saber SUR.
El polideportivo de la Comisaría Provincial se ha convertido estos días en un improvisado albergue para acoger a los 104 inmigrantes que han llegado desde Año Nuevo al Puerto de Málaga. La policía ha optado por usar estas instalaciones en lugar de los calabozos para darles un trato «más humano», una medida que ha sido aplaudida por los colectivos sociales consultados. No en vano, la oleada de pateras ha obligado a medidas extraordinarias tanto a Cruz Roja como al Colegio de Abogados, que ha destinado a cinco letrados de oficio el día de Año Nuevo y a otros cinco ayer para atender a los inmigrantes, a los que asesorarán en todo el proceso legal que ahora empiezan.
El motivo no es otro que el colapso de los cuatro CIES que actualmente están en funcionamiento en la Península Cádiz, Murcia, Madrid y Barcelona, que han estrenado el año al límite de su capacidad. Fuentes de Interior reconocieron que están acogiendo a los extranjeros llegados en las últimas pateras en los pisos de que dispone el Ministerio de Empleo para acoger a refugiados, donde van «a comer y a dormir». Y hasta ese recurso se ha agotado. Según las fuentes consultadas, Interior ha tenido que recurrir a ONG para que se ocupen de los 52 inmigrantes que llegaron a Málaga en Año Nuevo. Cruz Roja se hará cargo de ellos esta misma mañana, una vez que abandonen la Comisaría Provincial sin pasar por el juzgado ni, al menos de momento, por un centro de internamiento.
Su destino será bien distinto. Serán «acompañados» hasta las instalaciones de Cruz Roja en la calle Ollerías, donde técnicos y voluntarios mantendrán entrevistas con cada uno de ellos para saber si disponen o no de recursos. Los que tengan posibilidad de alojamiento, ya sea con familiares o amigos, serán trasladados al domicilio que indiquen. Los que carezcan de techo, serán acogidos por Cruz Roja en alguno de sus centros.
El trámite, obligado por la situación de los CIE, permanentemente criticados y en el centro de la polémica, es «completamente inusual», según fuentes judiciales. En circunstancias normales, la policía trataría de identificarlos y, ante la imposibilidad de hacerlo porque no llevan documentación (algunos inmigrantes se inventan la nacionalidad para dificultar su devolución), le pediría al juez el internamiento durante un periodo de 40 a 60 días, plazo en el que las autoridades españolas se ponen en contacto con las de su supuesto país de origen para verificar la identidad. «Esta vez, al no haber plazas, directamente no se pide el internamiento y así se evita incumplir una orden judicial en caso de que el juez lo autorice», aclaran las mismas fuentes, que calificaron la situación de «discriminatoria» respecto a otros inmigrantes que sí han sido internados.
Aunque todavía no ha trascendido qué ocurrirá con los otros 52 subsaharianos que aún permanecen en la Comisaría Provincial de Málaga, o con los 154 que han llegado a Granada o Almería, las fuentes consultadas consideran «poco probable, por no decir imposible» que se vaya a disponer de semejante número de plazas en un periodo tan limitado de 72 horas que permite la ley, por lo que también quedarían en libertad.
Responsables de las Fuerzas de Seguridad mostraron su preocupación por el «efecto llamada» que muy probablemente tendrá esta situación al otro lado del Estrecho. No opina lo mismo el presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, Luis Pernía, aunque reconoce que quienes esperan para dar el salto a la patera aguardan a cualquier oportunidad en la que se entiende que se puede haber bajado la guardia, como es la coincidencia con las festividades. «El Estado español se comprometió a acoger a 18.000 personas, pero la realidad es que no tiene plazas y las de las ONG ya están ocupadas», advierte. «Tienen que habilitar más espacios, porque objetivamente no hay, es un problema acoplar a tanta gente». Sobre las nacionalidades de origen, destaca que los que siguen esta ruta son sobre todo subsaharianos, empujados por la presión de las guerras en regiones de Nigeria, Mali y Sudán del Sur.
Pernía pone de relieve el fuerte aumento en la entrada de personas por mar el año pasado y en el recién estrenado 2017. «Llegan a Málaga otra vez, cuando hasta ahora era más habitual que lo hicieran a Motril o Cádiz. Parece que han cambiado la ruta», asegura este experto en el fenómeno migratorio. «Nunca dicen cuál es el punto de salida, pero puede ser que la hayan cambiado, más hacia el Este de Tánger, y por eso llegan hasta aquí».
Un agente de la Guardia Civil con experiencia en la materia apunta otra importante novedad: «Últimamente, los estamos interceptando tras recibir una llamada de socorro que informa, por ejemplo, de que un familiar ha salido de pesca a una zona concreta y no ha regresado. Cuando vamos, nos encontramos con la patera. Ya no se arriesgan al viaje. Quieren llegar a puerto remolcados por una lancha de Salvamento Marítimo».
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