

Secciones
Servicios
Destacamos
Francisco Jiménez
Jueves, 5 de febrero 2015, 01:52
Las obras contratadas por 476.000 euros para acabar con los malos olores del tramo final del Guadalmedina están finalizadas a falta de la retirada de un montículo de tierra en que aún queda en el cauce. En estos meses de trabajo, se han conseguido retirar 1.800 metros cúbicos de lodos que llevaban años incrustados en el fondo, lo que ha permitido aliviar la situación que vienen sufriendo los vecinos del entorno. Pero una cosa es minimizar el hedor y otra bien distinta eliminarlo por completo, como pudieron comprobar los residentes de la zona la semana pasada. Ayer, en la comisión de transparencia del Ayuntamiento y a preguntas de la oposición (PSOE e iU), los responsables de Urbanismo tampoco se atrevieron a garantizar que el problema se haya cortado de raíz. Primero porque aduciendo complejidades técnicas que dispararían su coste finalmente solo se han dragado 170 metros del cauce frente a los 245 previstos inicialmente. Y segundo, porque se siguen produciendo vertidos de aguas fecales cada vez que llueve con intensidad.
La investigación abierta por el juez Ruz para determinar si la reforma de la sede del PP en Madrid se pagó con dinero negro tiene sus coletazos en Málaga. Así al menos lo entiende IU, que ayer volvió a pedir información sobre las obras que se acometieron en el edificio de la avenida de Andalucía en la que el PP tiene fijado su cuartel general desde 2010 en régimen de alquiler. Desde las filas populares se desmarcan asegurando que la reforma del inmueble se realizó antes del arrendamiento. Pero el portavoz del equipo de gobierno, Mario Cortés, fue más allá al reconocer que en la Gerencia de Urbanismo «no consta» ninguna licencia de obras, por lo que se «está investigando si hay un error con la dirección exacta del inmueble o si el promotor de la obra la ejecutó sin licencia».
El origen de este último problema está en que la estación de bombeo situada en el puerto a la altura del parque Huelin (que recoge todas las aguas residuales de las viviendas de la margen derecha del río para trasladarlas a la depuradora del Guadalhorce, se satura debido a que también le llegan las aguas pluviales al discurrir por las mismas tuberías. La solución, planteada hace años por Emasa, pasa por la creación de un emisario submarino que canalizaría las aguas de los dos aliviaderos (uno a la altura del CAC y otro bajo el puente del ferrocarril) y las llevaría a unos dos kilómetros mar adentro, aunque de momento sigue aparcada porque requiere una inversión de unos 12 millones de euros.
Una segunda fase
«Desde el punto de vista técnico sí se han aliviado los malos olores por la retirada de los 1.800 metros cúbicos de fangos que además eran persistentes en el tiempo por su difícil extracción, pero estamos hablando de aliviar», admitió el jefe de Arquitectura de la Gerencia de Urbanismo, Javier Pérez de la Fuente. En el plano político, el concejal del ramo tampoco fue más allá. «Los trabajos tienen dos años de garantía en los que la adjudicataria tiene que realizar un mantenimiento, así que esperaremos a ver el resultado», apuntó Francisco Pomares, quien no descartó una segunda fase en la que se cubra el tramo desde el aliviadero hasta la . «Si hubiera que avanzar se buscaría el dinero y se haría», precisó.
Por su parte, los dos grupos de la oposición reprocharon al equipo de gobierno que el coste de los trabajos no se reduzca en la misma medida que lo ha hecho la zona de actuación. El portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, exigió la elaboración de un informe jurídico que acredite si la modificación del proyecto (primero se planteó la retirada de lodos con una draga hidráulica y debido a las dificultades técnicas se optó por hacerlo desde tierra creando diques) «no es responsabilidad del contratista (OHL) y que tiene que asumirlo el Ayuntamiento no poniendo más dinero pero sí reduciendo el objeto de la actuación», un planteamiento que declinaron en Urbanismo alegando que «no es necesario cuando se aprueba un proyecto modificado sin repercusión económica». En la misma línea, el concejal socialista, Sergio Brenes, se preguntó «cómo se llega al punto de reducir el tramo de actuación en un tercio de lo contratado y que a la ciudad le cueste lo mismo».
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones para ti
Favoritos de los suscriptores
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.