El Gobierno insiste en que la retirada de la concesión le corresponde a la Junta

A la vista de la resolución emitida por la Consejería de Medio Ambiente, que considera «no válida» la compra de las acciones por sus actuales titulares e insta a Costas a llevar a cabo el rescate, la Dirección General tiene claro cuál debe ser el trámite siguiente. «Si la opción de la Junta es que la concesión se tiene que extinguir, nosotros no tenemos nada que opinar porque es el ejercicio de su competencia y por supuesto lo respetamos», dijo ayer el director general de Costas, Pablo Saavedra, y explicó: «La extinción de todas las concesiones de dominio público desde el traspaso de 2011 le corresponde a la Junta. El Estado conserva la tutela del dominio público y una de las funciones remanentes es el rescate. Pero eso supone pagar una indemnización al concesionario. Si la concesión ya no existe, porque ha sido extinguida, lógicamente no puede proceder el rescate».

Ante la aparente contradicción que aparece en el documento autonómico, Saavedra dijo que su departamento lo está estudiando, para aclararlo con los responsables de Medio Ambiente. «Dicho con todo el respeto, cualquier persona sin saber derecho puede entender que si algo deja de existir no ha lugar a pagar una indemnización por quitárselo». A su juicio, una vez solventado este punto existe la posibilidad de abrir un concurso, «objetivo y de libre concurrencia», aunque condicionado a que se confirme que desaparece la concesión.

Preguntada sobre esta cuestión, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, dijo ayer en Málaga que se hará «lo que el procedimiento marque». «Nosotros no podíamos dejar de cumplir la normativa, si no se nos comunicó esa venta de acciones cabe aplicar la normativa con rigurosidad y ahora se tramitará conforme al procedimiento administrativo diga». El delegado, Javier Carnero, reiteró que desde su punto de vista «es Costas quien tiene que hacer el rescate y así se lo hemos indicado. Si Costas dice que no, veremos como sigue el procedimiento administrativo».