La presión social acaba con el impuesto de Sucesiones en Andalucía

El representante del PSOE-A, Juan Cornejo, y el líder de Ciudadanos, Juan Marín, se abrazan tras la firma del acuerdo alcanzado para la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía. / Efe

El PSOE cede ante el órdago de Ciudadanos y se asegura la aprobación de los Presupuestos

Lalia González
LALIA GONZÁLEZ

La presidenta de la Junta había reconocido que el impuesto de Sucesiones y donaciones había sido «demonizado» en la sociedad. Una larga batalla de opinión pública contra el impuesto, criticado desde numerosos sectores, además de la necesidad política del Gobierno andaluz por sacar adelante sus Presupuestos, acabó ayer prácticamente con el tributo, del que Ciudadanos había exigido bonificar hasta el millón de euros para dar su apoyo a las cuentas de la Junta.

Por tanto, a partir del próximo 1 de enero, los hijos y cónyuges que hereden hasta un millón de euros no pagarán nada a la Hacienda andaluza y quienes lo hagan por encima de esta cifra sólo contribuirán por el excedente. Tampoco tendrán que tributar los patrimonios preexistentes de los herederos que lleguen al millón de euros, más del doble del listón actual, que estaba en los 450.000 euros. Las donaciones de padres a hijos de hasta un millón de euros también estarán exentas de tributar cuando su destino sea crear empleo o empresas o ampliar negocios existentes. Habrá también exenciones en este tributo para las personas discapacitadas.

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El coste total de esta reforma fiscal asciende a 90 millones de euros, de los que 83 corresponden a la exención del millón de euros. De acuerdo con la liquidación de 2016, sólo 200 personas presentaron herencias por encima del millón de euros, mientras que la reforma va a beneficiar a cinco mil declaraciones, de los grupos 1 y 2 (de padres a hijos y entre cónyuges) que tuvieron que pagar por situarse entre el mínimo exento, 250.000 euros, y el millón actual. El acuerdo se extiende al Presupuesto andaluz para 2018 y fue firmado en la mañana de ayer en el Parlamento andaluz por el secretario de organización del PSOE-A, Juan Cornejo, y el presidente regional de Ciudadanos, Juan Marín, en presencia del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, entre evidentes muestras de satisfacción.

El 95% de las herencias no pagarán, ni las donaciones de un millón de euros

Marín manifestó que el acuerdo supone «la mayor reforma fiscal en Andalucía en 35 años» en la que «el impuesto de Sucesiones pasa a la historia». Es su «certificado de muerte», pues el 95% de los andaluces no tendrán que pagar.

Desde Madrid, su líder, Albert Rivera, jaleaba el acuerdo andaluz y animaba a otras comunidades del PP a hacer lo mismo. Marín recordó que a 1 de enero de 2018 una herencia de 900.000 euros tributará más en Madrid, 9.000 euros, que en Andalucía, donde no pagará nada. C’s extenderá su reclamación a toda España, dijo. Marín explicó que el acuerdo es «de justicia social», va a propiciar que «Andalucía sea más atractiva a la inversión; incentivará la creación de empleo y el relevo generacional en negocios, comercios, industria y explotaciones agrarias». El líder naranja tuvo recados para sus rivales políticos:«Hemos demostrado que se puede hacer política útil desde la mesa de negociación, no desde trincheras, ocurrencias o titulares», dijo dirigiéndose al PP-A, mientras que respondía a las reiteradas críticas de Podemos e IU diciendo que el acuerdo «no agujerea los servicios básicos», ya que el Presupuesto contempla incrementos en las partidas sociales.

El presupuesto para Sanidad crece un 5%, en 465 millones, el de Educación sube en un 3% y se incorpora la renta básica

El líder de C’s dijo que no descarta nada de cara a un próximo presupuesto, sobre todo en cuanto a un nuevo recorte del tramo del IRPF, que se considera cumplido en el 2% de ajuste, aunque se preveía una horquilla de hasta el 3,5%, y explicó que la corrección de los coeficientes catastrales ahora se hace innecesaria, puesto que no habrá liquidaciones hasta el millón de euros. Cifró en 280 millones el impacto en la recaudación de las diferentes conquistas que su formación ha arrancado a la Junta, tanto en materia de IRPF como en las reformas anteriores del impuesto de sucesiones.

«Los millonarios»

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, por su parte, defendió que con el acuerdo se cumplen las promesas de la presidenta Susana Díaz, que dijo en el Parlamento el pasado mes de julio que «los millonarios» sí pagarían por las herencias. Montero no contempla extender esta bonificación a los grupos 3 y 4, familiares en otro grado de proximidad, como hermanos y sobrinos, en línea con lo que pide el PP-A, y dijo que tienen en todas las comunidades la misma tributación, a la vez que llamó la atención del «cambio de discurso» de MorenoBonilla, a quien emplazó a apoyar ahora el Presupuesto.

Montero se extendió también en desgranar las líneas generales del Presupuesto de la Junta para 2018, cuyo crecimiento será de entre un 2,8% y en 3,1%, según Marín. La consejera celebró las cuentas de 2018 que van a permitir que la recuperación llegue a las familias vía redistribución por medio de los servicios sociales.

La titular andaluza de Hacienda explicó que habrá un notable crecimiento en Sanidad, con un 5% más, lo que supone unos 465 millones. La Atención Temprana crece un 44% interanual para situarse en 28 millones. Educación sube un 3,3% e incluye 183 millones para educación infantil y un 4,4%de incremento de la dotación de las universidades, para asegurar la continuidad de la gratuidad de las matrículas. Dependencia crece en 25 millones (2,2%) e Igualdad y Políticas Sociales (7%), en el que destacan los 198 millones consignados para la renta mínima de inserción, de la cual el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, destacó que «llenos de alegría cumplimos la palabra dada». Se atenderá en especial a Justicia, con refuerzos para hacer frente a las demandas por las cláusulas suelo, y habrá inversiones en infraestructuras, con partidas para la puesta en servicio del tranvía de Jaén, el inicio de las obras del puerto seco de A o el estudio de viabilidad de la desoladora de Almanzora.

La consejera afirmó también que las cuentas de 2018 contemplan la aplicación de la 35 horas semanales, actualmente recurridas por el Gobierno central, y advirtió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que Andalucía «no dará un paso atrás» en esta demanda ni «facilitará» el despido de empleados públicos, unos 7.000, recalcando que el ministro se propone negociar su implantación en toda España.

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