Una conquista ciudadana

El acuerdo entre el PSOE-A y C’s para bonificar hasta un millón de euros el impuesto de sucesiones para las herencias de padre a hijos y entre cónyuges es una reforma de calado que evita que la mayoría de los contribuyentes paguen este tributo, uno de los impuestos cedidos por el Estado para la financiación de las comunidades autónomas. La figura impositiva se había convertido en la más impopular, «el impuesto de la muerte», por cuanto gravaba patrimonio por el que ya sus propietarios habían contribuido en su momento. La batalla social que se ha producido ha sido clave para llegar a este punto, después de que la Hacienda andaluza se beneficiara de situaciones tan injustas como el ‘error de salto’ de 250.000 euros, que suponía que cuando alguien heredaba por encima de esta cifra cotizaba por toda ella y no solo por el excedente, como va a suceder ahora, además de haberse cuadruplicado el umbral impositivo.

Es de esperar que la práctica eliminación de este tributo contribuya a atraer capital o a retenerlo, pero de momento el acuerdo alcanzado es una conquista de la movilización ciudadana, agitada desde el primer momento por el PP-A y después por C’s, que gracias a su papel de ‘llave’ de la gobernabilidad andaluza, ha sido a quien corresponde ponerle la medalla.

El coste que la medida va a tener para las arcas andaluzas, 90 millones en total, incluyendo bonificación para discapacitados, para donaciones y del patrimonio preexistente, es mínimo para la batalla política que ha ocasionado y la resistencia de la que ha hecho gala el Gobierno de Susana Díaz. Ahora ésta se justifica en que en verdad lo van a pagar sólo «los millonarios», como manifestó en el Parlamento, pero la izquierda parlamentaria le censura su política de rebajas fiscales, frente al discurso de querer mantener el estado del bienestar.

En cualquier caso, es evidente que no va a suponer coste político para Díaz, dada la impopularidad del impuesto, y sobre todo le ofrece un escenario impagable: la estabilidad de su gobierno para lo que queda de legislatura, ya que en el caso de que no fuera posible renovar el consenso con C’s para los Presupuestos de 2019, bastaría con prorrogar los actuales para llegar a marzo de este año, cuando cumple el mandato el actual Gobierno andaluz.

C’s logra un buen acuerdo, que potencia su discurso como conseguidor de mejoras para los andaluces desde fuera del Ejecutivo, «sin sillones», y sin duda, aunque sea indirectamente, da alas a Juanma Moreno y al PP-A, que protagonizó una campaña de recogida de firmas y un puerta a puerta sobre el impuesto que sin duda le dará también réditos políticos.

A falta de conocer nuevos detalles, el acuerdo da vía libre a un Presupuesto expansivo, del que se sabe que refuerza la dotación para Sanidad, Educación y Servicios Sociales, con la renta básica como gran novedad, y con el que Susana Díaz debe recuperar el terreno perdido tras dos años de legislatura que se han ido en su frustrado ‘ave a Madrid’. Toca, pues, ya gobernar para el año y medio que queda, cumplir las promesas y colocarse en situación de ganar en un nuevo tablero de juego en el que el PP-A acaricia como nunca la posibilidad de acceder a la Presidencia de la Junta, por primera vez en la historia de la democracia, si logra un solo voto más que el PSOE.

Andalucía se convierte así en la primera comunidad en tener su presupuesto asegurado, en un escenario de dramática crisis institucional, con el desafío soberanista cada vez más agrio y preocupante, y se sitúa en mejores condiciones para aprovechar la recuperación y en su defensa de la mejora de la financiación.

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