El Parlamento analizará cómo controlan los cursos de formación otras autonomías

La comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude de los cursos de formación acordó ayer tarde por unanimidad la petición de toda la documentación que han planteado los cinco grupos parlamentarios, entre ella cómo gestionan la formación otras comunidades autónomas y el propio Gobierno central, es decir, cuáles son sus controles y mecanismos de seguimiento de las ayudas concedidas.

La propuesta parte del PSOE, partido empeñado en demostrar que los procedimientos realizados por la Junta de Andalucía en la gestión de los cursos de formación son similares a la de otras comunidades donde se han detectado irregularidades e incluso están bajo la lupa de la justicia.

Los socialistas andaluces han lamentado muchas veces que sea en la Junta de Andalucía en la que se ha puesto el foco mediático de la supuesta corrupción en las ayudas para los cursos de formación, cuando hay investigaciones judiciales en Aragón, Extremadura, Baleares y Valencia cuando gobernaba el PP en ellas; y en Madrid, Castilla León y Galicia, en las que sigue gobernando el partido de Rajoy. Las pesquisas policiales abarcan también el País Vasco y Asturias, esta última con gobierno socialista.

En Galicia la investigación se remonta a 2011 y hay bajo sospecha más de 20 millones de euros concedidos entre 2008 y 2012, además de haber provocado la dimisión de una consejera del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, la de Bienestar Social Beatriz Mato. Tanto en Galicia como en Madrid el PP forzó la negativa a una comisión de investigación.

Los diputados socialistas miembros de la comisión, Rodrigo Sánchez y Marisa Bustinduy, justificaron la petición de información sobre otras comunidades porque se trata de una «normativa básica estatal que debe desarrollarse igual en todas las comunidades».

El PSOE pide en concreto información al Gobierno central y al resto de autonomías de la normativa reguladora y marco jurídico así como sistemas de seguimiento y control de las subvenciones que tengan.

Los grupos han acordado por unanimidad la petición socialista, lo mismo que los expedientes completos de las subvenciones otorgadas desde 2002 hasta la actualidad en Andalucía, las exculpaciones o exoneraciones que se hayan concedido y los expedientes de subvenciones con reintegro en firme, que reclaman el resto de fuerzas políticas. La Junta tendrá diez días para remitir la información. El PP reclamó empezar las comparecencias de los técnicos de la Junta al tiempo que se analiza la documentación, en lo que fue apoyado por Podemos e IU, pero no por Ciudadanos y PSOE.