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El consejero de Educación, Luciano Alonso, durante la rueda de Prensa.
Las empresas de cursos de formación no podrán vivir de las subvenciones

Las empresas de cursos de formación no podrán vivir de las subvenciones

La nueva ley les obliga a cumplir nuevos requisitos para ser autorizadas a inscribirse en la Red de Centros de FP y acaba con las exoneraciones

Lalia González

Miércoles, 27 de agosto 2014, 00:20

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El fraude de los cursos para desempleados planea sobre el anteproyecto de ley de formación, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, que establece nuevos controles en las empresas que quieran impartirlos y acaba con la exoneración o exceptuación, a la vez que establece la concurrencia competitiva para optar a las ayudas.

Más prácticas en las empresas, inserción laboral y fomento del emprendimiento

  • Más allá de los nuevos controles frente al fraude de los cursos, la ley de Formación Profesional de Andalucía quiere reformar a fondo una enseñanza que ha dejado de ser de segundo nivel para recibir una alta demanda. El reto, dijo el consejero, es elevar el número de técnicos de grado medio, un déficit del país, mejorar la formación y las salidas al mercado laboral a través de una adaptación de ésta a las nuevas necesidades de innovación y tecnología. Cuenta con 1.200 millones de euros en su memoria económica.

  • Se crea el Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, que incorpora la FP Inicial, la FP para el Empleo u Ocupacional, la orientación y la evaluación de las competencias profesionales.

  • La relación entre la FP y el sistema productivo se quiere llevar hasta el fomento del emprendimiento y la implicación de las empresas tanto en la organización de los estudios como con la contratación de los alumnos. Se extenderá la formación profesional dual, que combina las clases con la formación en las empresas. La inserción laboral será un parámetro principal en los planes de auditoría de calidad que se llevarán a cabo.

  • Igualmente, para fomentar el emprendimiento, tanto en la FP Inicial como en la Ocupacional se promoverá el desarrollo de proyectos empresariales ligados a la innovación y a la transferencia tecnológica, sobre todo en relación a las iniciativas sociales y al medio rural, estos últimos con apoyo de las personas mayores, para fomentar el aprendizaje intergeneracional.

  • Se realizará un Catálogo Andaluz de Cualificaciones Profesionales, donde se inscribirán las específicas andaluzas, como el patronaje de piel y cuero, minería o en las artísticas, cante y baile, guitarra y percusión flamencas.

  • El profesorado podrá impartir todas las ofertas formativas de su especialidad, y no sólo en la FP inicial, y también podrán impartirla profesionales especializados. Los docentes tendrán programas de puesta al día en su especialidad, incluso con estancias formativas en empresas.

El anteproyecto, dado a conocer por el consejero de Educación, Luciano Alonso, quiere acabar con las empresas creadas para captar subvenciones, y así las que opten a impartir cursos deberán reunir una serie de requisitos, entre ellos que su actividad no dependa exclusivamente de las ayudas públicas.

La formación ocupacional y para el empleo, donde se han producido los fraudes, será impartida en la Red de Centros de FPde Andalucía, de gestión pública, a la que podrán sumarse las empresas y entidades que quieran impartir cursos, que deberán ser autorizadas expresamente Los requisitos serán «tener autonomía financiera suficiente, acreditar un funcionamiento ordinario adecuado y poseer experiencia previa formativa reconocida, además de contar con un plan permanente de calidad». Si alguna de ellas deja de tener actividad durante un año queda fuera del sistema. Habrá multas para quienes incumplan las normas de admisión.

La futura ley incorpora las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, que había llamado la atención en un reciente informe sobre irregularidades en los cursos. Por ello, las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, salvo cuando se trate de proyectos que tengan asegurada la inserción laboral, y se acaba con las llamadas exoneraciones o exceptuaciones. «En ningún caso, dijo Alonso, la Junta podrá exceptuar del cumplimiento de sus obligaciones a las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones», que además deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para cobrar las ayudas.

Falta de tesorería

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, defendió que las exceptuaciones realizadas han sido legales, pero dijo que la Junta renuncia a hacerlas en ara de las transparencia y animó a otras administraciones que las practican a seguir su ejemplo.

Vázquez explicó que la norma adoptada en 2012 obedecía tanto a la incapacidad de la Administración de revisar los expedientes en los plazos previstos como a la falta de tesorería en aquel año, que retrasó los pagos comprometidos por los cursos. Pidió que no se «criminalice» ni a las empresas y entidades incluidas en la lista hecha pública ayer, que sí han justificado las ayudas, y lamentó las interpretaciones «sesgadas y torticeras». Aseguró que la expulsión del PSOE del exconsejero Ángel Ojeda se debe a que tenía dinero en paraísos fiscales.

Luciano Alonso explicó que la revisión de las ayudas se está haciendo «una a una y no por muestreo», desde 2007. Negó que haya riesgo de prescripción y dijo que espera tener terminado el examen antes de diciembre de 2015.

No fue el único acuerdo del Gobierno ayer vinculado con los casos de corrupción:también se aprobó una nueva estructura de la agencia IDEA, con mayores controles externos e internos, dijo el portavoz, para que «no se repitan situaciones del pasado».

Pero las explicaciones de la Junta no convencieron al PP-a, cuya secretaria general, Loles López, habló de «amnistía generalizada». «Ni la propia Junta sabe si los cursos se han dado o no», y reclamó que se publiquen todas las exoneraciones. Juan Cornejo (PSOE) denunció la «doble vara de medir» y preguntó al PP si «tomará medidas contra sus alcaldes vinculados a cursos de formación en toda la comunidad».

Antonio Maíllo, coordinador general de IU, salió en apoyo de sus socios de Gobieno y aprobó la publicación de las empresas exceptuadas aunque reclamó más transparecia, porque «hay que decir todo lo que ha ocurrido».

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