Los líderes de la Unión Europea se reúnen a cenar esta noche en Bruselas para poner caras a los nuevos puestos creados por el Tratado de Lisboa. Los Veintisiete, metidos en un fenomenal embrollo por la falta de consenso, deberán designar en esta cumbre extraordinaria al presidente del Consejo europeo y al Alto Representante para la Política Exterior, de Seguridad y Defensa, quien a su vez será vicepresidente de la Comisión. La elección se presenta más que complicada por la inflación de candidatos y las distintas sensibilidades que conviven en la estructura comunitaria.
Después de todas las fatigas que la reforma institucional de la UE acumula desde hace más de una década y de la satisfacción sentida por prácticamente toda la clase política en Europa tras la ratificación del nuevo Tratado, podía esperarse un clima de concordia en la nominación de los responsables comunitarios. No es así y las diferencias de opinión y los recelos se ciernen sobre el encuentro.
La presidencia sueca ha convocado una rueda de prensa para poco después de las 9 de la noche, a fin de dar noticia de los resultados de la reunión, pero el plazo no se antoja creíble a los observadores, que pronostican largas discusiones hasta bien entrada la noche. Ni siquiera está descartada la convocatoria de una nueva cumbre en los próximos días, si la de hoy no se cierra con acuerdo. La presidencia sueca pretende obtener un acuerdo político de la cumbre, incluso mediante mayoría cualificada, que sería formalizado después del 1 de diciembre, cuando el nuevo Tratado se encuentre en vigor.
Existe una impresión generalizada en Bruselas de que Estocolmo no ha gestionado bien los tiempos en este asunto mayor de las nominaciones. Ha permitido que la discusión se le vaya de las manos y las candidaturas en liza desbordan los límites de lo gestionable. Dos semanas largas de contactos telefónicos al máximo nivel con las capitales comunitarias no le han servido a las primeras autoridades suecas para otra cosa que para alimentar las ambiciones de países y personas que no estaban en la liza, y los temores contra una actuación combinada de París y Berlín, imponiendo a los demás sus candidatos. Probablemente, una gran parte de esta cacofonía desaparecerá cuando los líderes comunitarios se vean frente a frente, cada cual con sus propios respaldos, pero el hecho cierto es que, horas antes del encuentro, la impresión de caos es total.
La lista de candidaturas a los diferentes cargos parece ser muy amplia, pero también lo son los condicionantes previos. El más determinante es un pacto no escrito de las principales familias políticas europeas, los democristianos y conservadores por un lado y los socialistas por otro, que atribuye el puesto de presidente del Consejo a un miembro de los primeros y el de ministro de Exteriores a uno de los segundos. En función de este reparto, los nombres que más circulan son los del actual primer ministro belga, Herman Van Rompuy para presidente, y el ex ministro italiano de Exteriores, Massimo D'Alema para el cargo de Alto Representante.
Reticencias en el Este
En torno a la figura de Van Rompuy parecen estar de acuerdo Merkel y Sarkozy, un consenso que no se extiende a D'Alema, a quien aborrecen muchos socios del Este por su condición de ex comunista. Otros condicionantes se refieren a la deseable paridad entre hombres y mujeres, lo que daría un margen a candidatas como la actual comisaria de Comercio, la británica Catherine Ashton, a la ex presidenta Letona Vaira Vike-Freiberga, la irlandesa Mary Robinson, la austriaca Ursula Plassmnik o la francesa Elisabeth Guigou.
Hay quienes insisten en que debe respetarse un equilibrio entre las sensibilidades nórdica y sureña de la UE, y entre sus anclajes orientales y occidentales, lo que complica muchísimo más la tarea. Y, en fin, por detrás de lo más aparente siguen latentes las opciones más clásicas: Blair, González, Miliband... Sólo los encajes finales las traerán a la vida, o las enterrarán del todo.
El hecho cierto es que las dudas suecas van a retrasar la entrada en funciones de la nueva Comisión hasta finales de enero o febrero, lo que reduce apreciablemente el margen de maniobra de la presidencia española de la UE, al no contar esta con un Ejecutivo plenamente operacional en Bruselas. Existe disgusto en Madrid por la situación.
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