Defienden que se cree la 'grúa exprés' por los buenos resultados en otras capitales

La nueva Ordenanza de Movilidad quedó ayer aprobada de manera definitiva en la comisión plenaria de Urbanismo únicamente con los votos del equipo de gobierno del PP. Los grupos de la oposición, PSOE e IU, mostraron su rechazo a la norma al haber sido modificada en las últimas semanas para introducirle unos cambios que avalarán la puesta en marcha de la llamada 'grúa exprés', por la que los empleados de este servicio llevarán a cabo la retirada de los vehículos sin la presencia de un agente de la Policía Local. Este cuerpo cursará la denuncia a distancia mediante un sistema de captación de imágenes.

El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, insistió en que se trata de una propuesta ilegal por atribuir las competencias de vigilancia del tráfico a unos trabajadores que son «empleados laborales de una sociedad mixta como es la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (SMASSA)». Además, señaló que la medida «únicamente tiene un afán recaudatorio».

Por su parte, la concejala del PSOE María del Carmen Sánchez denunció que esta práctica va a generar «problemas de legalidad e inseguridad». «La ley andaluza no recoge todavía la figura de los agentes de movilidad», insistió Sánchez, quien comentó que un operario de la grúa no está cualificado para decidir cuál vehículo debe ser retirado de la vía pública y cuál no. «No todos los que están mal aparcados tienen que ser llevados al depósito», agregó. Además, argumentó que los ciudadanos no van a reconocer la autoridad de un operario de la grúa porque en ocasiones ni siquiera reconocen la de un agente policial.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero, explicó que la ordenanza establece «la posibilidad de que el Ayuntamiento cree la figura de este agente de vigilancia que ya hay en otras ciudades con excelentes resultados», recalcó. «Esta norma viene a mejorar la circulación y a facilitar la labor de inspección del tráfico», insistió Casero.

Por su parte, el delegado de CGT en la SMASSA, Manuel Lima, exigió que, si se implanta el sistema, «se nos reconozca profesionalmente en las nuevas funciones».