Empresarios de Torremolinos rechazan la nueva tasa sobre toldos y cerramientos

La Asociación de Fomento de Torremolinos (AFT), que representa a multitud de comerciantes del municipio, registró el pasado jueves en la Delegación de Hacienda del Consistorio una batería de alegaciones hacia una ordenanza que «grava injustamente la situación económica de muchos establecimientos, ya de por sí delicada por la crisis». Así lo afirmó el pasado jueves su presidente, José Ávila, para quien la medida se debe únicamente «al afán recaudatorio del Ayuntamiento».

«La cifra de 153,8 euros responde a un cálculo que realiza el Ayuntamiento, que valora que ese es el precio de retirada de cada anclaje», señaló Pedro Pérez, secretario de la AFT, quien explica que una cuantía de este impuesto responde al transporte de cada anclaje. «La situación es 'kafkiana', ¿qué pasa si un mismo negocio tiene varios anclajes?, ¿paga por el traslado de cada uno de ellos?», se pregunta el secretario de la asociación.

Esta medida, que fue rechazada en pleno por toda la oposición en febrero, tiene carácter retroactivo. Es decir, si tras resolverse el periodo de alegaciones y regresar al pleno, entrase finalmente en vigor, los empresarios deberán abonar por los toldos, cerramientos e instalaciones con anclaje a la vía pública que ya tengan instalados, y no solo por los que se montasen desde la puesta en marcha de la nueva normativa, especifican desde la AFT.

Hasta 1.000 euros

La ordenanza contempla un pago único anual, que en función del número de anclajes con los que cuente el establecimiento, la cantidad a liquidar por parte de cada propietario podría ascender hasta los 1.000 euros, según cálculos de la propia AFT. La asociación espera ahora la resolución de las alegaciones, cuyo plazo de presentación se extiende hasta el próximo 5 de junio. «Me consta que algunos comerciantes están planteándose entregar sus propios recursos», sentencia Pedro Pérez. La AFT especifica en su escrito presentado el pasado jueves en la delegación que la medida incumple la legalidad en tres aspectos: la falta de una justificación real, su carácter retroactivo y la duplicidad del pago, que consideran ya abonado en la liquidación de la licencia por su instalación. El impuesto afectaría a todo tipo de negocios: hostelería, restauración o comercios con cualquier variedad de anclaje a la calle.

El Partido Socialista volvió a mostrar el jueves su rechazo a una medida que calificó como «injusta», al valorar que supone un lastre económico para los pequeños y medianos comercios. El grupo municipal de Izquierda Unida ya mostró su oposición en el pleno de febrero. Al cierre de esta edición, el equipo de gobierno del Partido Popular en el municipio, promotor de la ordenanza, había declinado pronunciarse sobre la misma.