Mijas advierte a la Junta de posibles casos de fraude en la venta o alquiler de VPO

El Ayuntamiento de Mijas ha detectado que algunas Viviendas de Protección Oficial (VPO) de las promocionadas por la Junta de Andalucía en los últimos años «están siendo alquiladas o puestas a la venta», según denunció ayer el portavoz del equipo de gobierno, Mario Bravo. Por ello, quieren instar al ejecutivo andaluz a que «garantice el carácter social por el que fueron concedidas a sus propietarios y evite que éstas sean objeto de transacciones económicas en las que se incumpla lo exigido por ley».

No es la primera vez que la administración local del municipio costasoleño reclama a la Junta «mayor control, inspección y diligencia» en las gestiones y operaciones que se realicen en caso de inmuebles catalogados bajo la denominación de VPO «para evitar que puedan ser objeto de operaciones inmobiliarias por personas que si antes reunían las condiciones para ser adjudicatarias de un inmueble de estas características, ahora no las cumplen».

Y es que, el representante municipal resalta que existen sospechas sobre «intentos de operaciones mercantiles que no se ajustarían a lo estipulado por la legislación vigente en materia de vivienda protegida, cuya competencia es la Junta de Andalucía». Por ello, el equipo de gobierno considera que es el ejecutivo autonómico «el organismo que tiene que garantizar que las VPO sigan siéndolo». De esta manera, la reclamación se elevó ayer formalmente a través de un acuerdo presentado en la Junta de Gobierno Local que el municipio celebra dos veces al mes.

Para argumentar aún más esta decisión, desde el Consistorio recuerdan «el esfuerzo que ha realizado la sociedad mijeña para construir estas promociones, ayudando a los que no podían adquirir una». Y es que, en muchos de los casos la institución local colaboró facilitando a través de cesiones gratuitas las parcelas sobre las que se levantaron los edificios de estas promociones. Concretamente, en los últimos años el término sumó tres núcleos de viviendas de protección oficial promovidas desde la labor pública: las existentes en calle San Dionisio y la avenida de Andalucía de Las Lagunas, así como las de El Limonar en La Cala.

«Garantizar su correcto uso»

En palabras del concejal, la intención de la administración local con esta reclamación no es «que nadie pierda su casa, sino garantizar el derecho a una vivienda digna para los menos favorecidos y es el gobierno andaluz quien tiene que garantizar que el uso de las mismas sea el que establece la catalogación de protección oficial, no solo cuando se entregaron las llaves por primera vez, también a lo largo del tiempo».