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F. JIMÉNEZ
Martes, 2 de julio 2013, 12:27
El Ministerio de Defensa también se aprieta el cinturón y en lo que respecta a la provincia, va a suponer el cierre entre 2014 y 2017 de una de las tres residencias militares ubicadas en la capital (Castañón de Mena, Reyes Católicos y Nuestra Señora de Luján) y del alojamiento logístico Fernando El Católico en Ronda. Ambas instalaciones (la de Málaga sin concretar, aunque algunas fuentes apuntan a la ubicada en La Malagueta) figuran en el listado de 109 inmuebles elaborado por Defensa para la racionalización y utilización eficiente de su patrimonio inmobiliario, en el que se contempla la reducción, cesión o la clausura de dependencias del Ejército, hospitales y residencias. En virtud de este plan, pretende ahorrar 15 millones anuales en gasto corriente, seguridad y mantenimiento de infraestructuras. Un montante al que habrá que sumar la valoración económica de cada equipamiento cuando se pongan a la venta.
Según aseguran desde el Gobierno, a la hora de hacer la selección se han tenido como primer condicionante el impacto sobre el personal, de forma que se priorizan aquellos centros en los que los efectos sean menos traumáticos. Eso sí, sin olvidar que en el punto de mira están aquellas cuyo coste sea excesivo. Una vez realizada la lista de instalaciones afectadas, se inicia ahora un período de planeamiento de detalle particularizado, conforme a los procedimientos de planeamiento militar existentes. Se espera que a final de 2013 se cuente con la planificación detallada, tarea que será llevada a cabo por la Dirección General de Infraestructuras.
El anuncio del cierre de estas residencias coincide con la puesta a la venta de un solar 6.270 metros de uso residencial ubicado en la avenida Lope de Vega, junto a la residencia Castañón de Mena. En estos terrenos (ahora usados como jardines) se permitirá la construcción de cerca de un centenar de viviendas en varios edificios con una altura máxima de planta baja más cuatro. El proceso de venta se realizará mediante subasta pública, que deberá ser convocada por el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que será el encargado de fijar el precio de salida. Esta parcela forma parte del centenar de propiedades que el Ministerio ha sacado al mercado a lo largo y ancho de todo el territorio nacional en busca de liquidez para responder a un crédito extraordinario de mil millones de euros contraído con la Agencia Tributaria.
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