Los hosteleros del 'caso Mercasevilla' confirman el intento de soborno

Cuando algún miembro del Gobierno andaluz afirma que el escándalo de los ERE fue denunciado antes que nadie por la Junta se refiere al supuesto soborno que sufrieron dos empresarios sevillanos por parte de exdirectivos del mercado mayorista de Sevilla, Mercasevilla, empresa pública.

Los empresarios Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio Rojas, dueños del restaurante La Raza, confirmaron ayer en el juicio que se sigue por el caso en la Audiencia Provincial de Sevilla que Fernando Mellet y Daniel Ponce les exigieron en enero de 2009 un «soborno» de 300.000 euros a favor de la Junta a cambio de la gestión de la escuela de hostelería, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la administración autonómica.

Rojas se puso en contacto con Juan Gallo, jefe de gabinete del entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, a quien conocía, para comentarle el intento de soborno. Gallo le dijo que parecía una estafa y en la siguiente reunión grabaron la conversación. La grabación fue entregada a Juan Gallo y por orden del Ejecutivo de Chaves fue remitida a la Fiscalía.

Días después, el ahora alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, llevó el asunto al juzgado número 6, cuyo titular es Mercedes Alaya. La jueza fue sacando hilos de Mercasevilla hasta dar con dos intrusos en uno de sus expedientes de regulación de empleo (ERE). Luego siguió tirando hasta llegar al escándalo de corrupción de los ERE.

En la Audiencia Provincial se celebra el juicio con jurado popular por el primer caso Mercasevilla, que dio origen al de los ERE, en el que aparecen como imputados, entre otros, los citados directivos del mercado, otra empleada de este, Regla Pereira, y el exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas.

Los dos empresarios prestaron declaración como testigos y confirmaron que Mellet y Ponce les pidieron un «soborno» de 300.000 euros más otros 150.000 euros por la acometida eléctrica. «Nos vieron caras de tontos y nos querían engañar», aseguró Rojas.

El empresario Pedro Sánchez Cuerda relató que el día 16 de enero de 2009 mantuvo una primera reunión con Ponce y la funcionaria Regla Pereira, en la que el primero le comentó, según Europa Press, que «tenía una noticia buena y otra mala». Así, la «buena noticia» era que la Junta había resuelto conceder una subvención de 900.000 euros para la escuela, mientras que la «mala» era, que «había dos gastos no previstos», uno de 150.000 euros por la acometida de la luz y otro de 300.000 euros que la Junta solicitaba como un «soborno», como «un dinero que no tenía explicación» y que «había que traer en un maletín que dejaría olvidado en un despacho». Sánchez prosigue: «Le dije que no íbamos a acceder a sus peticiones».

Una estafa

«Pensé que nos estaba robando», por lo que una vez finalizada esta primera reunión comentó la petición del «soborno» con la dirección de La Raza y con el empresario José Ignacio de Rojas, quien se puso en contacto con Juan Gallo. Este «nos dijo que entendía que nos estaban estafando». Rojas aseguró que la idea de grabar a los exdirectivos Mellet y Ponce fue de él mismo. En el segundo encuentro, el 27 de enero de 2009, decidieron llevar una grabadora «por si se volvía a repetir el soborno y así tener constancia real del mismo». «No me fié en ningún momento de ellos, porque no sabía» si el dinero «era para la Junta o para ellos; lo que sí sabía era que nos estaban robando y estafando».

Sánchez señaló que en la primera reunión estuvieron presentes Ponce y Pereira, aunque añadió no recordar «exactamente» si ésta estuvo presente en el momento en que el exdirectivo le pidió el «soborno» de 300.000 euros. «No podría indicarlo con exactitud», aseveró el testigo. Los dos empresarios han reconocido que no hay «datos objetivos» que demuestren que el exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, estaba detrás del soborno.