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GEMA MARTÍNEZ
Martes, 14 de septiembre 2010, 03:50
El Ayuntamiento de Málaga ha asumido finalmente la reivindicación de los colectivos de vecinos y empresarios más afectados por la prostitución de calle para que las Ordenanzas para la Garantía de la Convivencia Ciudadana sancione, además de la práctica sexual en la calle, la oferta y demanda de sexo en la vía pública siempre que esta actividad afecte a la convivencia.
Aunque la nueva norma, que se tiene previsto aprobar en el pleno de este mes, evita utilizar el término prostitución, está claro que el articulado tiene como objetivo acabar con esta actividad en la calle. Así, la prohibición se acota a aquellas zonas en las que se vea afectada la convivencia ciudadana. Concretamente se sancionará la demanda sexual y las prácticas sexuales cuando se realicen a menos de doscientos metros de zonas residenciales, polígonos, centros comerciales o colegios. En estos casos, las faltas se considerarán muy graves y podrán acarrear multas que lleguen a los 1.500 euros.
Por otro lado, también se incorporará un artículo en el que se prohiben las fogatas en la vía pública; un hecho que será calificado como falta leve y cuya sanción puede llegar a los 750 euros. Esta medida también pretende evitar que, en invierno, las prostitutas hagan hogueras junto a los negocios de los polígonos para evitar el frío por las noches.
Informes jurídicos
El concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade, ha asegurado que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de sancionar también la demanda sexual en la vía pública después de conocer hasta tres informes jurídicos provisionales: «la regulación será muy parecida a la que rige en Granada», ha indicado.
De hecho, el concejal de Seguridad Ciudadana de la capital granadina, Eduardo Moral, participó ayer en la segunda reunión del foro social sobre prostitución, que coordina el área de Participación Ciudadana y a cuyos integrantes -vecinos, empresarios y organizaciones sociales- se le presentó el texto que se pretende incluir en las Ordenanzas para la Convivencia y que regulan la actividad sexual en la vía pública.
«La presencia del concejal de Granada resultó muy clarificadora», aseguró ayer la presidenta de la Asociación de Polígonos y Parques Comerciales de Málaga (Apoma), Ana López. Según la representante de los empresarios de los polígonos, allí las ordenanzas han dado los resultados esperados: «Él ha explicado que muchos clientes se apresuran a pagar la multa, para que no llegue a casa, así que estas ordenanzas actúan primero contra el cliente. Al no haber clientes, no hay prostitución», mantiene.
Reclaman apoyo
La presidenta de Apoma valoró muy positivamente la postura del Ayuntamiento anunciada por el concejal de Participación Ciudadana y explicó que tanto su asociación como las asociaciones vecinales han reclamado a PSOE y a IU que apoyen el articulado que se va a introducir: «El PSOE ha dicho que, en principio, se abstendrá y que iban a hacer una serie de observaciones al texto».
No obstante, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Rafael Fuentes, dijo a este periódico que tenían la intención de apoyar las peticiones vecinales, aunque también aseguró que el PSOE era partidario de la redacción de unas ordenanzas específicas sobre prostitución. También indicó que era preciso que se incrementara la actuación policial para luchar contra las mafias, así como programas de inserción social y laboral para las mujeres.
Por su parte, el concejal de IULV-CA, Pedro Moreno Brenes, apostó por un plan integral, «y no solo por medidas sancionadoras que al final solo sirvan para aumentar la exclusión social de estas mujeres. La solución no es que se tengan que ir al campo». Moreno Brenes aseguró que con las actuales ordenanzas ya se podrían sancionar conductas que afectan a la convivencia ciudadana, como los ruidos y tumultos.
El concejal de IU visitará esta semana el polígono del Guadalhorce y las zonas del centro más afectadas: «Vamos a realizar la visita y a constatar la situación. Apoyamos a los vecinos, pero consideramos que ya se pueden sancionar las actuaciones que más les molestan», señaló.
La postura de IU es la que más próxima está a las asociaciones que trabajan con el colectivo de mujeres que ejercen en la calle. Es el caso de Mujer Emancipada, cuyo secretario, Juan Sánchez, manifestó su preocupación «porque este tipo de medidas incida aún más en la invisibilización de las mujeres, que se encuentran ya en una situación muy vulnerable; así como en su criminalización».
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