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En pleno confinamiento, cuando la Costa se preparaba para la apertura de fronteras y la reapertura de establecimientos, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ya reclamó al Gobierno que se hicieran test en los aeropuertos. Quizá si en aquel momento el Gobierno hubiera adoptado el compromiso que ahora ha alcanzado con Canarias, que inicia su temporada alta, de hacer PCR a los viajeros, la situación actual sería bien distinta. La indignación cunde en el sector turístico porque de nuevo se deja de lado al destino malagueño y porque la decisión llega tarde. Salado señaló que «se trata de un nuevo caso de discriminación y agravio intolerable por parte del Gobierno, que prima a unos territorios frente a otros. Es un nuevo atropello con la Costa del Sol. Llevamos meses reclamando que el Ejecutivo cumpla con su responsabilidad y haga como otros países, implantando controles y tests en los aeropuertos. Y ahora anuncia esa medida, cuando ya ha pasado el verano, el peor verano de la historia de nuestro sector turístico, cuando no nos cabe duda de que una de las causas del repunte de los contagios en nuestro país es la dejadez del Gobierno con los aeropuertos y las medidas de control, pero sólo lo hace para Canarias».
Salado se cuestiona si ¿alguien entendería que las ayudas al sector del automóvil sólo fueran para las fábricas en Cataluña y País Vasco pero no para las de Valencia, Galicia o Castilla-León?. «Pues eso nos está pasando con el sector turístico, que es muchísimo más importante en términos de PIB y empleo para nuestro país que el sector automovilístico», declaró, para apuntar que «resulta inadmisible y frustrante que quien tiene la máxima responsabilidad para ayudar a un sector que representa casi el 15% de nuestro PIB, un sector en el que somos líderes mundiales, vaya dando tantos palos de ciego, primando a unas comunidades frente a otras en función de los votos que consigue el Gobierno en el Congreso«. Por ello reclamó »el mismo trato que para Canarias porque aquí también vivimos del turismo, porque hay 114.000 familias malagueñas que dependen de este sector y no pueden quedar abandonadas a su suerte. Resulta inadmisible y frustrante«.
El presidente de la empresa pública Turismo Costa del Sol tachó esta decisión de «una injusticia y un abuso, un atropello. Otro más como cuando anunciaron que los ERTES serían indefinidos sólo para el sector turístico canario. No tenemos absolutamente nada en contra de Canarias ni de su sector turístico, pero entendemos que las ayudas deben ser iguales para todos y que la Costa del Sol no puede ser sistemáticamente discriminada y atacada por el Gobierno de Pedro Sánchez».
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