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E. P.
Jueves, 17 de marzo 2016, 00:45
La Asociación de Viviendas Vacacionales en Andalucía (Apartsur) pedirá a la Consejería de Turismo y Deporte la aclaración de varios puntos e impugnará otros dentro del decreto que regula las viviendas con fines turísticos, ya publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Así lo ha señalado a Europa Press el presidente de Apartsur, Hilario Echevarría, tras reunirse la asociación este pasado martes y analizar en detalle el decreto, para el que cuentan con 40 días desde su publicación en BOJA para presentar alegaciones. No obstante, ha destacado que se muestran «contentos» con este decreto y han agradecido que se les tenga en cuenta para su redacción, pero señaló que hay puntos que «no están suficientemente claros o son limitadores».
En concreto, precisó la limitación de seis plazas en el caso del alquiler de la vivienda de uso turístico por habitaciones o la dificultad de contar con una licencia de ocupación en algunos municipios, para lo que proponen la entrega de certificados realizados por técnicos cualificados para reseñar la ocupabilidad de la vivienda. También mostró la duda en la comercialización sobre aquellas viviendas de uso turístico, como una unidad catastral, pero que cuentan en su interior con dos alojamientos independientes.
Por último, también llamó la atención sobre la limitación para aquellos propietarios que cuentan más de dos viviendas de estas características en un radio de un kilómetro y que deben regirse por el nuevo decreto de apartamentos turísticos.
Cabe recordar que las viviendas con fines turísticos cuentan con tres meses para inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía y regular así su situación. De manera que para el mes de mayo el registro ya estará operativo y, por tanto, para el verano las viviendas pueden estar reguladas.
Además, se abre la posibilidad de que, si algún alojamiento turístico no cumple con algún requisito estructural tiene un año a partir de la inscripción para subsanarlo. Esta obligación sirve para integrar este tipo de alojamiento turístico en la oferta reglada de la comunidad, además de contar con cobertura legal.
En líneas generales, la nueva norma establece unos requisitos mínimos de calidad y confort equiparables a los del resto de alojamientos, con el fin de asegurar los derechos de los usuarios y evitar situaciones de fraude, intrusismo, clandestinidad y competencia desleal.
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