Piden cinco años de cárcel para seis trabajadores de una residencia de Málaga por maltratar a discapacitados

Tras más de un año de instrucción judicial, el caso encara la celebración del juicio. La Fiscalía ha formulado ya escrito de acusación y pide sentar en el banquillo a siete de estos trabajadores acusados de maltratar a los usuarios de la residencia.

Es más, para seis de ellos pide penas de cinco años de cárcel al considerar que su comportamiento sería constitutivo de delitos continuados de trato degradante, coacciones y maltrato de obra, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso SUR.

Los hechos se destaparon en la primavera de 2018, cuando la residencia decidió contratar los servicios de la empresa de detectives Detectys ante la sospecha de que los trabajadores del turno de noche se quedaban dormidos en su horario laboral o, en definitiva, no cumplían debidamente con sus obligaciones.

La compañía instaló una serie de cámaras espía en distintas zonas de la residencia, concretamente en las dos alas de la primera planta, donde se encuentran los dormitorios de los residentes. La Milagrosa atendía en ese momento a 46 usuarios, todos adultos con alguna discapacidad severa y totalmente dependientes para sus tareas cotidianas. De estas plazas, 30 están concertadas con la Junta de Andalucía y 12 con la Diputación.

La sorpresa llegó cuando los detectives revisaron las primeras imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia. Más que trabajadores dormidos, lo que encontraron fue agresiones, vejaciones, insultos y humillaciones por parte de un grupo de empleados dirigidas a varios usuarios del centro, que nada podían hacer para defenderse.

A la vista de las imágenes, la empresa Detectys alertó inmediatamente a la directora del centro. Cuando observó las grabaciones, decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que abrió la investigación que conduciría a las detenciones.

Según la fiscal del caso, los trabajadores procesados, «guiados con el ánimo de menoscabar la integridad física de los usuarios, infligían un trato denigrante y humillante« sobre ellos, que consistía en «ejercer sobre ellos una violencia física de carácter leve, que no llegaba a causarle lesiones».

Así describe la representante del Ministerio Público esas agresiones: «[...] se materializaban en propinarles múltiples patadas, rodillazos, manotazos, empujones y tirones de ropa, dando lugar a que, en ocasiones, los usuarios agredidos cayesen al suelo, donde eran nuevamente agredidos sin que, debido a la discapacidad que presentaban, pudieran defenderse o pedir auxilio, todo ello acompañado de expresiones despectivas tales como 'perro, asqueroso'«.

Aparte de las agresiones, los acusados presuntamente se dedicaban a bloquear las puertas de emergencia, las de los baños y las de algunos dormitorios, anudando el pomo de la puerta al pasamanos del pasillo para impedir salir a los usuarios que allí dormían.

El relato acusatorio se centra en siete internos que fueron víctimas de este grupo de trabajadores. Aunque la fiscal individualiza los hechos de los que acusa a cada uno de los procesados, los cargos que les imputa y las penas son genéricos para casi todos ellos.

A seis de los siete trabajadores les atribuye un delito continuado de trato degradante -por el que pide dos años de condena-, un delito continuado de coacciones -por el que pide tres años de reclusión- y un delito continuado de maltrato de obra, por el que solicita 9.000 euros de multa para cada uno.

Para la séptima trabajadora investigada, a la que acusa de unos hechos cometidos exclusivamente sobre una de las víctimas, el fiscal pide una multa de 1.800 euros por un delito leve de maltrato de obra, según el escrito de conclusiones provisionales.