Así es la macrocausa internacional que llevó a la Fiscalía Europea a ordenar varios registros en Marbella

La Fiscalía Europea había solicitado la autorización judicial para la entrada y registro de la cuarta planta del edificio Alfil de Marbella, sede del bufete del abogado Antonio Flores Vila. Así, a las ocho de la mañana de este martes, numerosos agentes de la Guardia Civil irrumpían en el edificio localizado en pleno centro de la ciudad. No lo abandonaron hasta que pasaron tres horas sin que, al parecer, se llevaran ningún tipo de documentación en físico.

La inspección tiene su origen en un auto al que SUR ha tenido acceso, que fue emitido un día antes para autorizar la entrada y registro. La actuación obedecía a una investigación en la que se persiguen delitos por fraude fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En el mismo se apunta directamente a cuatro personas, tres hombres y una mujer, a quienes se señala como los presuntos cabecillas del mayor 'fraude carrusel' cometido en Europa.

Así, este martes los agentes del Instituto Armado hicieron su aparición en Marbella, donde además de inspeccionar el despacho de abogados, también llevaron a cabo registros en una sociedad localizada en la calle Pizarra, en un domicilio de la urbanización La Alcazaba, en Río Verde, y en un chalé de la zona de Nagüeles. De acuerdo con este auto, la Guardia Civil intervino además en otra empresa jurídica en Málaga capital. Al mismo tiempo, la operación se desplegó por otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Ceuta.

Según la Fiscalía Europea, «existen indicios racionales para estimar que la célula investigada puede ser una organización criminal para cometer delitos PIF (que afecten a los intereses económicos de la UE)» y en la que se concitan, presuntamente, ciudadanos portugueses y franceses.

Los principales sospechosos habrían creado, desde 2017 «una cadena sucesiva de empresas destinadas al negocio de vender en plataformas online equipos informáticos, con la finalidad de llevar a cabo los actos necesarios, incluida la falsificación de documentos/declaraciones fiscales (sic), para eludir el pago del IVA devengado por la venta de los artículos a los clientes finales».

Asimismo, habrían facilitado cuentas bancarias a una serie de entidades para mover el dinero obtenido a través de la actividad delictiva para finalmente destinarlo a la compra de artículos personales, bienes inmuebles y activos de valor.

Según se expone en el citado auto, todo habría comenzado con una empresa portuguesa dedicada al comercio de móviles, tablets y dispositivos electrónicos que contaba con otras sociedades proveedoras localizadas en Alemania o Austria. Al año siguiente, la principal entidad investigada declaró a las autoridades fiscales de Portugal que había pagado facturas a sus proveedores por valor de 200 millones de euros. Asimismo, afirmó que había vendido sus productos a una famosa corporación estadounidense de comercio online, cuya sede se encontraba en Luxemburgo. No obstante, según concluyeron los investigadores, «las facturas presentadas a las autoridades fiscales habría sido falsificadas».

Otra de las sociedades involucradas, que desarrolló su actividad entre 2016 y diciembre de 2018, también declaró compras extracomunitarias por importe de 40 millones de euros y declaró ventas intracomunitarias a empresas internacionales. De acuerdo con la oficina de la European Public Prosecutor´s Office (EPPO), entre la primera empresa portuguesa y esta segunda, los sospechosos habrían conseguido eludir en Alemania «más de 52 millones de euros en concepto de IVA entre los años 2016 y 2018, considerando solo los ingreso de IVA alemanes».

En cuanto al blanqueo de capitales, la gama es extensa. Dos de los supuestos líderes de la trama, de acuerdo con el auto, «utilizarían dinero» de dos de las principales empresas involucradas en el fraude en su propio beneficio. Para encubrir su delito, habrían utilizado tarjetas de prepago y débito «cargadas con dinero procedente de dichas fuentes bancarias», que se emplearían además para pagar a testaferros.

Antonio Flores, abogado de Lawbird, el bufete registrado ayer martes en Marbella, ha hablado en exclusiva para SUR y se exime de toda responsabilidad en la trama. «Tenemos muchos clientes marroquíes, pero tienen ciertas restricciones para sacar dinero y no pueden hacer transferencias libremente. ¿Qué hacen? Utilizan empresas en Europa que comercian con Marruecos para que les envíen el dinero a España desde Casablanca. No creo que sea muy regular desde el punto de vista de Marruecos. De vez en cuando les ponen multas. Eso a España no le incumbe. Algunas de esas empresas, que forman parte de un entramado de empresas pantalla, ha realizado el servicio, según un honorario X. En mi caso, es un señor que ha comprado una casa particular para su hija en Madrid y otro en la Dama de Noche (Marbella). Esos señores han recibido el dinero en nuestra cuenta de clientes. A través de nosotros, han comprado su casa. Hasta aquí, todo bien. Lo que pasa es que esta empresa ha empleado esta transferencia para decir que es un gasto deducible por una mercadería que nosotros le hemos vendido. ¿Qué consiguen con esto? Que si yo recibo 500.000 euros, ellos dicen, creo recordar, que me han vendido comida para perros por ese valor y se deducen el IVA. Creo que de este modo, por ejemplo, han solicitado 120.000 euros a la hacienda portuguesa. Es un carrusel, el dinero va circulando».

«En nuestro caso son tres familias marroquíes, que enviaron el dinero para comprar una vivienda. Pero no saben nada. En España no hay nada, solo hemos recibido una requisitoria de la Fiscalía Europea en Portugal para que se haga una investigación. No es dinero blanqueado, es un fraude de IVA por ese importe que se ha enviado».

Según Flores, en la página 13 del auto, «ya nos preguntaron en 2020 lo que era. ¿Estáis vendiendo algo?, nos dijeron. Solo servicios legales, aquí, de IVA, cero. Aparece en el auto. Nos dedicamos a temas de compraventa, inversiones y pleitos. No existe ninguna medida ni contra las personas ni contra los bienes del despacho. Se han llevado la documentación de estos tres clientes en concreto. Es un fraude de IVA a nivel europeo», concluye.