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Vive el día a día más crudo de los juzgados de violencia sobre la mujer de Málaga. Flor de Torres es la fiscal delegada de Violencia sobre la mujer de la Fiscalía Superior de Andalucía, cargo desde el que defiende los derechos de las víctimas y persigue que las condenas de los maltratadores y asesinos se ajusten a la ley.
–¿Qué conclusión saca al analizar los datos del CGPJ?
–Lo primero que se percibe es una gran heterogeneidad en los casos. Siempre se pretende establecer una pauta en torno a este drama, pero es muy complejo. Otro de los puntos que destaco es el de los más de 700 menores que han quedado huérfanos por estos asesinatos, la gran conclusión es que hay un reguero de menores victimizados por la violencia.
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–También están los hijos que han sido asesinados en este mismo contexto...
–Sí. Es otro concepto, el de las víctimas que no se consideran de género porque no son la pareja del agresor: hablamos de hermanas, madres, amigas que están en el mismo proceso judicial pero no se les considera víctimas de este tipo de violencia. Así ocurría con los hijos de las mujeres asesinadas, que sí se reconocen como tales desde el año 2013, a raíz de un caso que se produjo en Campillos, el de Leonor, a quien tuve el honor de representar y de pedir en los tribunales que se le considerase como lo que era:víctima de la violencia de género.
–Llama la atención que solo el 21% de los casos en Málaga contaban con denuncia previa, y el dato es aún menor si se miran las medidas de protección...
–Es un número ínfimo en relación al total existente. Y es un auténtico fracaso que se produzcan asesinatos con medidas de protección en vigor, aunque si miramos los datos desde el otro lado, los números nos dicen que las mujeres que denuncian están protegidas, que lo difícil es llevar la violencia a los juzgados sin que la mujer denuncia. Existe un gran fracaso social en la detección de la violencia de género.
–¿Qué hace falta para que aumente esa detección?
–Siempre hemos trabajado en la importancia de denunciar, es obligatorio para todo aquel que presencie un delito. Hemos creado protocolos a nivel andaluz y malagueño en los que el deber de denunciar se vuelve más específico en materia de violencia de género. Todos los profesionales que tocamos este tipo de delincuencia debemos denunciarla, hay una exigencia legal, la ley lo dice, es una cuestión de Estado y debemos dejar el secreto profesional a un lado cuando es necesario.
–¿Qué idea destaca del perfil del agresor a raíz de los datos del observatorio?
–Que la ruptura de la convivencia es un elemento que define y mucho la línea de riesgo, la agudiza. Tenemos que poner la mirada en el momento en el que se rompe ese sentimiento de propiedad, porque en muchos casos es cuando se da el paso de agredir. También vemos que el uso de arma blanca es mayoritario y que el lugar en el que más asesinatos se producen es el domicilio de la víctima, un 75% de los casos. De hecho la jurisprudencia ha desarrollado un concepto que está basado en este dato, se llama alevosía convivencial o doméstica, ya que el asesinato se perpetra donde más tranquilidad tiene la víctima y donde el maltratador se siente impune. Al observar los datos se ve una foto fija que a su vez es muy variable, aunque ofrece muchos indicadores ayudan a ver lo que esconden los números. Hay casuística, pero no podemos olvidar que son nombres, apellidos, malbaratadores asesinos, víctimas, hijos y familias marcadas por la violencia.
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