El exmarido de Lucía Garrido dice que le imputaron el crimen para «no tocar» a otro sospechoso
Tanto la expareja de la víctima como un segundo hombre, los dos acusados de planear y ejecutar el asesinato, han negado cualquier implicación con la muerte de la mujer en la finca en la que vivía de Alhaurín de la Torre
Lucía Garrido (48 años) fue hallada sin vida en la piscina de la finca en la que residía con su hija en Alhaurín de la Torre. Han pasado más de quince años de aquel fatídico 30 de abril de 2008 en el que el cadáver de la víctima fue encontrado con un fuerte golpe en la cabeza y una puñalada en el cuello. Este martes, su exmarido ha vuelto a negar ante un jurado popular cualquier participación en el crimen, como ya hizo en el juicio que se celebró en 2019 y que fue anulado parcialmente por el TSJA.
Según ha mantenido, no solo no tuvo nada que ver con el asesinato, sino que durante meses colaboró activamente con Asuntos Internos para que la verdad «saliera a la luz». En este sentido, el encausado ha apuntado que la investigación de la Guardia Civil cambió por completo porque, inicialmente, iban tras otro sospechoso. Hasta que un día los propios agentes le dijeron que a esa persona «no se le podía tocar», según ha asegurado. «Qué casualidad que al poco tiempo me lo imputan a mí», ha añadido.
El acusado ha rechazado que hubiera amenazado o presionado a la víctima para dejara la vivienda en la que ambos habían residido hasta que se separaron, dos años antes del crimen. «Ningún testigo puede decir que lo haya visto», ha recalcado el exmarido a preguntas del fiscal. Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares creen que uno de los móviles del asesinato era el interés del investigado en recuperar dicha finca para seguir con sus actividades de supuesto tráfico ilícito de animales exóticos y almacenaje de droga.
Al respecto, el exmarido también ha indicado que él dio de baja el negocio relacionado con la cría y el depósito de animales, que se desarrollaba en la parcela de Los Naranjos, «cuando empezamos con el tema de no llevarnos bien». Del mismo modo, ha negado que hubiera emprendido acciones coercitivas contra Lucía Garrido, como cortarle la luz o el agua, pese a que, de acuerdo con uno de los abogados de la familia, hubo una sentencia que le obligó a restaurar el fluido eléctrico y el suministro de agua, así como a devolver un coche a la mujer.
De acuerdo con su versión, el día del crimen tampoco se afanó de manera forzada en fabricarse una coartada, como sostienen las acusaciones dados los numerosos tickets que presentó de los diferentes desplazamientos que llevó a cabo aquel 30 de abril, en el que llegó a recorrer más de 300 kilómetros. En este sentido, ha señalado que conservaba esos recibos, así como otros tantos de días y meses atrás, porque dichos viajes se debían a un negocio que quería emprender con un socio, quien le recomendó que los guardara.
El exmarido de Lucía Garrido se enfrenta a una petición de 25 años de prisión por su supuesta implicación en la muerte de la mujer. El Ministerio Fiscal y los letrados de la familia de la víctima consideran que participó en el asesinato en calidad de cooperador necesario, delito que se vería agravado por la circunstancia de parentesco. Asimismo, reclaman 23 años y medio de cárcel para un segundo individuo, el supuesto sicario que presuntamente se encargó de ejecutar el crimen.
Este hombre también ha negado cualquier relación con la muerte de la víctima, a quien no conocía, como tampoco conocía a su expareja. De hecho, ha apuntado que el día que mataron a Lucía Garrido él estuvo en Málaga desde primera hora de la mañana porque se presentó al examen práctico para conducir, y no estuvo de regreso en Fuengirola hasta pasadas las tres de la tarde. La hora del asesinato de la mujer se sitúa en torno a las 14.20 horas.
Por otro lado, ha negado que pudiera haber restos suyos de ADN en una llave que fue encontrada en la escena del crimen, lo que se ha constituido como la principal prueba contra él. Cuando el procesado fue detenido en relación a este resto biológico, en 2016, manifestó que un agente de la guardia civil que le debía dinero pudo incriminarle en el asesinato de Lucía Garrido para librarse de él.
Del mismo modo, ha señalado que cree saber quién es el testigo protegido que lo situó en la supuesta reunión en la que se planeó el asesinato de la mujer. Según se ha defendido, esa persona dio su nombre porque se encontraba en prisión por extorsión en Colombia y, al colaborar con la Guardia Civil, pudo obtener beneficios como salir de la cárcel y viajar a España. «No tenía nada en contra mía, solo estaba mirado por él», ha sostenido.
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