«Ha sido una masacre; esto no lo supero, los gatos eran como de la familia»

María es médica, tiene 58 años y es amante de los animales. Por eso, cuando vio que se empezaba a formar una familia de gatos ferales (callejeros) en la zona del Camino de los Almendrales, en Málaga, decidió empezar a cuidarlos. De eso hace aproximadamente seis años. Los registró en el Ayuntamiento, la colonia 103, y se hizo cargo de alimentarlos y cuidarlos. El Consistorio pagó la castración.

«Comían y vivían en el campo, pero algunos se colaban en la urbanización. Había quejas vecinales y con el confinamiento fueron a más, porque algunos no entendían que yo sí pudiera salir a darles de comer. Viendo que los iban a mandar a la perrera, o que los iban a sacrificar, pedí permiso al Ayuntamiento y decidí llevármelos a una finca de mi propiedad en Almogía«, relata.

La parcela está en una zona muy tranquila del término municipal. María, que ya quería a aquellos felinos como si fueran parte de su familia, decidió acondicionarla primero. Los 2.500 metros de vallado le costaron 12.000 euros. Le puso sus gateras. Y se los fue llevando «poco a poco» al campo. «No fue fácil, no creas. Son gatos callejeros, no se dejan coger con facilidad», añade la mujer.

Empezó en septiembre y acabó a mediados de octubre. Los animales, dice, se adaptaron rápido. Todo fue bien hasta el 8 de diciembre. Al llegar, vio que faltaba un gato, Cicciotello. Revisaron la valla de dos metros de alta, que estaba en perfecto estado. No apareció jamás.

A primeros de enero empezó a verlos «tristones», huidizos, escondiéndose en sus gateras. Con miedo. «Llevo años con ellos y los conozco bien». El 3 de febrero, al volver del trabajo, encontró a uno muerto en la parcela y un «hilito» de sangre en su mantita. «Era Amatore. Me hinché de llorar y lo enterré, con todo el dolor de mi corazón, pensando que habría sido una muerte natural o algo«.

Dos días después, cuando volvió de trabajar, comprobó que faltaban Caty y Neri. Volvió a revisar la valla. Nada. «La gente del pueblo empezó a decir que eran búhos reales«, recuerda María, que aceptó esa posibilidad. A la semana siguiente, desaparecieron otros dos, Carey -»esa era la niña de mis ojos«, expresa- y Leonci.

La «debacle», dice, sucedió al terminar esa semana, la madrugada del 15 al 16 de febrero. María instaló en uno de los árboles, en la zona donde comían los animales, una pequeña cámara de fototrampeo, que se mimetiza con el entorno y que se activa con el movimiento para captar a los animales en su hábitat natural.

«A la mañana siguiente, cuando llegué, me encontré una auténtica masacre. Había animales muertos, heridos, desaparecidos... Me encontré a una gatita moribunda dentro de una casita. A otro igual debajo de un algarrobo. Soy médica, sé lo que es triaje, tuve que decidir a cuál llevárme«, describe, aún horrorizada. Nely falleció en el camino.

«Tuvo que venir gente a ayudarme a rescatarlos, a asistirlos... Pensábamos que se habían hecho daño huyendo de las aves. Hasta que vi las imágenes». La cámara de fototrampeo había captado a un grupo de jóvenes armados con carabinas de aire compromido disparando perdigones contra los gatos. Como quien va de cacería.

María ha perdido 11 gatos, entre muertos y desaparecidos -ella está convencida de que tuvieron el mismo fin, aunque sospecha que sacaron los cuerpos fuera del vallado-, a los que hay que sumar siete heridos a los que ha llevado al veterinario hasta curarlos. Las facturas superan ya los 5.000 euros en asistencia para los animales.

La mujer denunció ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Su caso impresionó a los agentes, que se pusieron a investigar. Al cabo de unos días identificaron a dos de los supuestos responsables, ambos menores. Semanas después, a otros dos.

Los cuatro jóvenes, de edades comprendidas entre 15 y 17 años, están siendo investigados por un delito de maltrato animal. Las tres carabinas que al parecer utilizaron para disparar, propiedad de familiares, también ha sido intervenidas por la Benemérita y están a disposición judicial.

Pero María no levanta cabeza. «Estoy muy mal, muy afectada, tomando antidepresivos. Esto no lo supero. Me siento culpable de haberlos traído al campo, tenía que haberlos dejado donde estaban. No me he metido con nadie, no he pedido nada a nadie... No hay derecho a que hagan algo así solo para divertirse«, concluye.

Ahora le quedan 19. María ha reparado la valla -que rompieron en la última de las cinco incursiones que hicieron, explica- y ha instalado un sofisticado sistema de videovigilancia -otros 1.300 euros- solo para mantenerlos a salvo. Pese a todo, le quedan palabras de agradecimiento para sus familiares y amigos, que le han ayudado en todo, y también a los agentes del Seprona por volcarse en resolver el caso.