El crimen de la Quema de Algarrobo: un asesinato a golpes por la instalación de una TDT

El representante del Ministerio Público pide para el procesado 18 años de cárcel y le acusa de cometer un delito de asesinato. Será juzgado este lunes por procedimiento de jurado popular.

El fiscal hace una minuciosa descripción de los hechos, que fueron reconstruidos por la Guardia Civil en presencia del arrestado días después de ser detenido. En septiembre de 2017 se creó una enemistad entre ambos vecinos por la instalación de un sistema de Televisión Digital Terrestre, semilla de una relación truncada que acabó en asesinato, a ojos del fiscal.

Ese mismo mes el acusado, la víctima y la que por entonces era pareja del fallecido mantuvieron una acalorada discusión «por motivos económicos» en un bar del pueblo, enfrentamiento verbal que se reanudó en la casa de Antonio, donde el acusado y la mujer forcejearon. Ambos respondieron a sendos delitos de lesiones en un juicio inmediato, y los dos fueron condenados.

Un año después de aquel enfrentamiento, prosigue el fiscal, el acusado comenzó a realizar una «vigilancia previa» de los movimientos del fallecido, «con la plena intención» de acabar con su vida. Actuó planificando los hechos para «asegurar su cometido», buscando «anular y reducir la posibilidad de defensa y de huida de la víctima».

La noche del 23 de septiembre de 2018, en torno a las tres y media de la madrugada, el acusado se dirigió al parque de Las Escalerillas, en el que se encontraba instalada una carpa que acogía algunos de los actos de las fiestas locales, cuyos efectos se encargaba de custodiar el fallecido. Según el relato del Ministerio Público, el procesado mantuvo una discusión con la víctima y, «a consecuencia de sus rencillas lo zarandeó y arrojó al suelo». Cuando lo tuvo «a su merced» en «posición de inferioridad» decidió «acabar con la vida de su oponente» sin dejarle oportunidad alguna de levantarse y defenderse, siempre según describe el fiscal en su escrito.

«A tal fin le pateó con una violencia extrema», desproporcionada con el enfrentamiento inicial, golpeándole de forma «reiterada y con gran brutalidad», llegando presuntamente a «saltar varias veces sobre la cabeza de la víctima». De cara a establecer las pretensiones punitivas de su escrito, el fiscal enfatiza el hecho de que el acusado no tenía mermadas ningunas de sus capacidades cognitivas y volitivas, así como sus facultades psíquicas, que se encontraban en perfecto equilibrio. El fiscal considera que no había consumido sustancia alguna que pudiera mermar su juicio, y afirma que no se han detectado alteraciones psicopatológicas de personalidad ni de la percepción de la realidad objetiva.

Tras el relato de los hechos, el fiscal hace una extensa enumeración de las 17 lesiones que los forenses encontraron en el cuerpo de la víctima. La mayoría de ellas, según el escrito, se concentraban entre el cuello y la cabeza, donde había fracturas abiertas, heridas inciso-contusas, abrasiones, erosiones y otras lesiones que provocaron la muerte del vigilante por shock hipovolémico hemorrágico a consecuencia del politraumatismo.