Rebelión contra la regulación

A diferencia de la aplicación de impuestos y la realización de gastos públicos, mediante los que, respectivamente, los ciudadanos aportan recursos dinerarios y son receptores o beneficiarios de los desembolsos efectuados, la intervención pública por la vía de la regulación apenas si tiene reflejo en los presupuestos estatales, pero, en muchos casos, impone unas conductas a particulares y a empresas que pueden conllevar sustanciales costes de diferente tipo. Se estima que, en Estados Unidos, es preciso incurrir en 12.000 millones de horas anuales (lo que equivaldría al trabajo anual de 7 millones de personas) para cumplimentar las normas federales.

La experiencia histórica pone de manifiesto que la regulación pública está sujeta a una suerte de movimientos pendulares. Ahora, después de años de intensificación surgida a raíz de la gran crisis económica y financiera iniciada en 2007, en distintas partes del mundo se ha desatado lo que The Economist ha bautizado como «la rebelión contra la regulación», algo que, pese a lo que se indica, no parece afectar a la gran factoría bruselense.

En sitios tan dispares como Washington, París, Buenos Aires, Nueva Delhi, Londres o Hanoi están en marcha iniciativas para reducir las trabas regulatorias que, supuestamente, pudieran estar frenando el dinamismo económico. Según la mencionada revista británica, tras años de excesivas normas que han atascado la construcción de viviendas, la inversión y la innovación, la revolución contra la burocracia, si se aplica correctamente, podría marcar el comienzo de una etapa de mayor libertad, de un crecimiento económico más rápido, de precios más bajos y de nuevas tecnologías. Vivimos, se afirma, un momento raro, en el que políticos de muy distintas ideologías han asumido la misma religión.

La teoría económica ofrece explicaciones de la proliferación de normas que introducen restricciones en una serie de sectores. La diferencia de amplitud entre el colectivo de los beneficiarios y el de quienes soportan los costes destaca entre ellas. La dicotomía entre los beneficios concentrados y los costes difusos de las medidas adoptadas da pie a que los beneficiarios se movilicen, en tanto que apenas si existe motivación para hacerlo por parte del otro grupo, mucho más numeroso y disperso.

El reto de las reformas regulatorias no es sencillo, ya que no es fácil conciliar un entorno abierto a la iniciativa, a la innovación y a la creatividad con la preservación de la seguridad, la competencia justa y la evitación de excesos. En suma, que haya posibilidades de explotar el potencial económico sin poner en riesgo los pilares de una sociedad democrática avanzada. Para la OCDE, un entorno regulatorio que promueva la competencia puede generar muchos beneficios: «mediante la promoción de la entrada y el crecimiento de nuevas e innovadoras empresas, la competencia potencia los incentivos para que las empresas innoven y adopten nuevas tecnologías. Los mercados competitivos de productos mejoran la productividad, el empleo, y los estándares de vida».

Sin embargo, en el plano internacional, hay una serie de indicios en el sentido de que el marco regulatorio genera perjuicios y costes sustanciales, en términos de productividad, costes de infraestructuras, cuellos de botella en el mercado de trabajo, proyectos desatendidos, gastos empresariales, y merma del crecimiento económico global. Según algunas estimaciones para distintos países, las trabas burocráticas restan no menos de un 4% del PIB cada año.

No es sencillo reducir la carga regulatoria que excede del nivel óptimo, ya que los mecanismos regulatorios tienden a autoalimentarse. Pero hay también casos de éxito en países con una agenda reformadora coherente. Ya sea para implantar o para suprimir una disposición, toda medida debería supeditarse al principio básico de la evaluación objetiva de sus costes y beneficios para el conjunto de la sociedad.