Una asociación necesaria

Recientemente ha sido noticia en nuestra comunidad autónoma que la Fundación Amancio Ortega ha puesto en marcha una inversión de 40 millones de euros para proveer 25 aceleradores lineales de primer nivel a los hospitales públicos andaluces de forma progresiva hasta el año 2019, de los que el 20% (dos nuevos y tres de sustitución de equipos ya gastados por el sobreuso) van a repercutir directamente en los malagueños; previamente, esta iniciativa ya se había llevado a cabo en hospitales públicos gallegos. Este desembolso en forma de donación procede en origen, en efecto, de uno los diez hombres más ricos del mundo, que paga sus impuestos en España (el que más por cierto, aunque muchos sectores se empeñen en decir que es el señor Messi el nutriente número uno de nuestro erario público), que no aparece en la lista de morosos que publica con más periodicidad que ética el ministro de Hacienda y que da trabajo a cientos miles de personas en todo el mundo, España incluida por supuesto. Si se gestiona bien esta donación (más equipos y mejor tecnología deben implicar también más recursos humanos), miles de pacientes malagueños y andaluces recibirán sesiones de radioterapia que les permitirán tener un tratamiento de vanguardia contra el cáncer. A nadie se le ocurriría despreciar o criticar esta iniciativa; más al contrario, debería ser un estímulo y una punta de lanza para fomentar la colaboración de la empresa privada con los organismos públicos (Sanidad, en este caso) y buscar puntos de encuentro y mecanismos que la incentiven. Ni el país, ni la economía ni el Fondo de Reserva de la Seguridad Social están para alegrías, así que todo apoyo es poco. Es inevitable recordar, en este momento, el famoso y desafortunado tuit de 7 de agosto de 2012 de Pablo Iglesias, en el que calificaba a Amancio Ortega de terrorista y a nuestro país de antidemocrático; probablemente los pacientes que se traten en los Servicios de Oncología Médica y Radioterápica de los hospitales públicos andaluces y gallegos tengan una visión de la jugada bien distinta de la del líder de Podemos.

Aunque se hayan modernizado por fuera, y no entraremos en hablar del discutible gusto arquitectónico con el que algunos lo han hecho, los grandes hospitales públicos andaluces tienen áreas muy deterioradas y vetustas que tras más de 50 años piden cambios a gritos. En este sentido, y por poner un ejemplo que me es cercano, en uno de los centros más conocidos (Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla) se está proyectando una remodelación de un sector del área quirúrgica para su completa renovación que va a ser asumida en su totalidad por una empresa de tecnología médica puntera en un montante cercano al millón de euros. Este es un indicador más de que se pueden establecer mecanismos de colaboración entre hospitales, unidades de gestión clínica e iniciativa privada a una nueva escala y en unos tiempos en los que los que la escasez de recursos domina la Sanidad Pública. Para mí, que los trato a diario, lo que les sirve a los pacientes debe darse por bueno, pues ellos son el fin último de nuestro trabajo.

En contraste con esta línea colaborativa ha saltado la noticia recientemente de que las consejerías de Sanidad y Educación del gobierno autónomo valenciano, regidas por un mejunje de partidos que corona a los nada moderados políticos de Compromis, han prohibido en base a un riguroso cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de sus profesionales que los alumnos que estudian ramas de Ciencias de la Salud en universidades privadas puedan hacer sus prácticas en hospitales públicos valencianos; es decir, que o bien ahora se ha buscado la letra pequeña y la exclusión sectaria o antes se incumplía de forma sistemática la ley. Evidentemente, subyace un afán de desprestigiar y desproveer de poder formativo y fuerza a las universidades privadas valencianas, a cuyos alumnos además, de paso, se les excluye también para la solicitud de becas. En Málaga, sin embargo, y esto lo he vivido yo directamente en el último año, se ha potenciado desde los emergentes hospitales privados una apertura de sus puertas, personal y estructuras docentes (ya constituidas en comisiones desde hace años) a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Esta experiencia, que ha incluido también a los estudiantes procedentes de becas Erasmus, ha sido un completo éxito pues ha permitido unas prácticas más personalizadas (igual número de alumnos y más oferta de médicos y centros implica menor ratio de alumno/médico) y unas espectaculares respuestas en los índices de satisfacción por ambos lados, sin que nadie haya incumplido ninguna ley de incompatibilidad, por cierto; los alumnos nos demuestran a diario, igual que los pacientes, que sólo quieren calidad en la atención que se les da y los demás inventos políticos les traen al fresco.

Los nuevos tiempos de déficit económico necesitan de mentes abiertas que entiendan que es posible suplementar la financiación de los centros sanitarios públicos con fondos procedentes de otras fuentes y que la colaboración con la iniciativa privada es una mano tendida que hay que estrechar; la Sanidad Pública, en concreto, debe forzar el apretón de manos pues su fin último y absoluto prioridad es el beneficio de los pacientes. Quede claro que esto no debe implicar en ningún modo delegar la gestión de la Sanidad Pública a empresas privadas en las formas de concesión o paternariado mixto que se han mostrado dudosamente eficientes, y que no es el objeto de esta reflexión. Lo que si tengo claro es que anteponer unos principios ideológicos sectarios y secesionistas al bien común de una sociedad con la excusa del desprecio no razonado a lo privado es una irresponsabilidad que, en el campo de la Sanidad en concreto, adquiere una dimensión mayor. Así, debemos entender que potenciar la colaboración entre lo privado y lo público, si hay bidireccionalidad, puede hacer evolucionar la relación actual existente de vasos comunicantes a un sinergismo de potenciación que sería bueno para todos. Es un camino que debe estar abierto.