El Supremo cree que Puigdemont puede presentarse a las europeas

El Supremo, el tribunal al que este fin de semana se ha visto obligado a reunirse a contrarreloj para decidir sobre la suerte del político rebelde, dijo ayer que no se hace cargo del caso que el sábado a mediodía le endosaron de forma inopinada los juzgados madrileños. Que -explica el Supremo- aunque ve claro que en Puigdemont y en los exconsejeros también huidos Clara Ponsatí y Antoni Comín «no concurren causa de inelegibilidad», el tema no es cosa suya y que cualquier queja sobre los fallos de la JEC es competencia de la justicia ordinaria.

Según indica el auto, el Supremo establece que corresponde a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo resolver el recurso porque así lo dicta el artículo 49 de la ley electoral, que señala que «cualquier candidato excluido y los representantes de las candidaturas proclamadas o cuya proclamación hubiera sido denegada, disponen de un plazo de dos días para interponer recurso contra los acuerdos de proclamación de las juntas electorales, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo».

Y no hay más que hablar. O casi. Porque la sala, no obstante, sí que entra en el fondo y en su resolución recalca que Puigdemont, Comín y Ponsatí, «en cuanto ciudadanos españoles tienen derecho a presentarse como candidatos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo», al contrario de lo que decidió la Junta Electoral Central.

El Supremo, a pesar de reconocer que no es su competencia resolver este asunto, recuerda que el artículo 6.2 de la ley electoral establece la «inelegibilidad» en el supuesto de que los candidatos estén condenados por sentencia. «Entre las que allí se prevén no figura la de hallarse en rebeldía, como se encuentra los recurrentes», asegura el alto tribunal, por lo que entiende que Puigdemont, Comín y Ponsatí no deben ser excluidos de su derecho a presentarse a unas elecciones.

Con estos antecedentes, los magistrados dejan en manos del Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Madrid -por encima de los juzgados de los Contencioso 9 y 21 de la capital antes los que también denunció Puigdemont a la JEC- la decisión sobre si los tres huidos pueden ser los números uno, dos y tres respectivamente de la candidatura Lliure per Europa. El Tribunal Supremo avisa: el juzgado debe de resolver de forma «urgente» sobre este asunto para no dañar los derechos fundamentales de los recurrentes.

Visto lo visto, los jueces del Supremo teóricamente parecen dar la razón a la Fiscalía cuando el viernes, en su recurso, consideraba que la resolución de la Junta Electoral carece de «base normativa suficientemente explícita» y que «vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo de los recurrentes». Con todo ello, la posibilidad de que Puigdemont ocupe un escaño en Bruselas sigue siendo incierta. Aunque finalmente pudiera presentarse a las elecciones y saliese elegido, el expresidente no tiene garantizada su acta, ya que la recogida de este documento, en principio, tendría que hacerla efectiva en España, donde tiene activa una orden de búsqueda y captura.