El Ayuntamiento aparca la idea de comprar el edificio de Urbanismo

Demasiado ruido a escaso tiempo de las elecciones municipales. El equipo de gobierno municipal ha decidido aparcar la operación de adquisición del edificio donde funciona la Delegación de Urbanismo. Los presupuestos municipales para el año próximo no incluirán partida alguna para este fin, que hubiese supuesto una inversión superior a los cinco millones de euros.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el concejal delegado de Hacienda y Patrimonio, Manuel Osorio, desvelaron ayer que la operación, consistente en la adquisición por expropiación de las cuatro plantas superiores del inmueble (en cuyas tres primeras plantas ya funciona la citada delegación) no se llevará a cabo. El Ayuntamiento ya había realizado una modificación presupuestaria de 2,8 millones para iniciar la operación, cuyo coste iba a ser sensiblemente mayor.

Muñoz y Osorio han revelado que la operación no se hará, y aunque no explicaron con claridad las razones han dejado ver que la decisión ha estado motivada en la polémica desatada. El edificio fue construido durante los años del GIL por la sociedad Nuevos Aires 2002, propiedad del actual alcalde de Estepona, José María García Urbano; el constructor Bonifacio Solís y el empresario Juan Hoffmann, condenado en el 'caso Malaya' por un delito de blanqueo y actualmente prófugo de la justicia. El inmueble, que no se ajustaba al ordenamiento urbanístico, se regularizó al acogerse al sistema de compensaciones previsto en el PGOU de 2010, por lo que sus propietarios tuvieron que entregar al Ayuntamiento el bajo y las tres primeras plantas, que se destinaron a las oficinas de Urbanismo.

Ahora se había puesto en marcha un proceso para la adquisición del inmueble completo, lo que provocó las protestas de los grupos de la oposición. Osorio ha asegurado que la operación, muy a su pesar, no se ejecutará, al menos durante 2019. Muñoz, por su parte, se ha limitado a reconocer que existen otras prioridades y que este año no se llevará a cabo. Por ello no se ha previsto partida alguna en los presupuestos del año próximo.

La tasación presentada por la sociedad propietaria, realizada por la empresa Tinsa, sobre las cuatro plantas más los aparcamientos habían sido valoradas en unos siete millones de euros, según Osorio, cantidad que un técnico municipal redujo a 5,7 millones.

El edil de Patrimonio ha asegurado que las conversaciones para la compra del edificio se iniciaron durante el mandato como alcalde del socialista José Bernal. Éste ha desmentido a Osorio y ha asegurado que nunca estuvo de acuerdo con esa operación que, aseguró, fue ofrecida por García Urbano, lo que el alcalde de Estepona, a su vez, desmiente.

Bernal ha calificado de «atroz» la operación que se iba a realizar y ha celebrado como un éxito de la oposición que el equipo de gobierno haya dado marcha atrás.

También Izquierda Unida reaccionó a la decisión municipal. Su portavoz, Miguel Díaz, consideró que se «ha destapado una operación a beneficio de los círculos de determinados intereses particulares, un negocio redondo que beneficia a un grupo de promotores del núcleo duro del gilismo y el neogilismo, con prófugos de la 'operación Malaya' y personas íntimamente relacionadas con el PP como el propio alcalde de Estepona, incluidos, suponía trasvasar casi tres millones de euros para pagar un edificio construido ilegalmente y que no es el idóneo para el servicio que tiene que prestar una delegación de Urbanismo».