El Ayuntamiento de Marbella dejó de cobrar más de 9 millones de euros por multas urbanísticas

El nuevo Gobierno local de Marbella ha destapado en el seno de una Junta de Gobierno convocada de forma extraordinaria y urgente una serie de informes donde se relatan hechos que considera presuntamente delictivos en materia de Urbanismo en los últimos años en el Ayuntamiento de la localidad. El alcalde José Bernal ha explicado que se han encontrado un número elevado de expedientes sancionadores que no han sido impulsados durante los años de gobierno del Partido Popular. Sólo entre 2009 y 2011, la Delegación de Urbanismo del Consistorio marbellí inició procedimientos cuyos respectivos decretos de sanción nunca fueron firmados por el responsable del área. El importe de todos estos procedimientos ya prescritos ascienden a 9.087.387 euros.

Tras la reunión de la Junta de Gobierno, el regidor ha detallado a los periodistas que los propios empleados públicos encargados del procedimiento consignaron en las notas interiores de devolución que los decretos se devolvían sin firmar, tarea que, según ha especificado, recaía sobre el concejal de Urbanismo. «Esto ha conllevado una pérdida para el Ayuntamiento de Marbella de más de 9 millones de euros de ingresos por sanciones y ha beneficiado a los infractores contra la ordenación urbanística al no poderles detraer multas que tenían que haber pagado por el valor mencionado», ha afirmado el primer edil.

La investigación interna de los nuevos responsables de la Delegación de Urbanismo ha concluido que este proceder no sólo se circunscribe a los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Según ha expuesto Bernal, desde el año 2011 hay abiertos un total de 1.636 procedimientos sancionadores, de los cuales el anterior equipo de gobierno dejó sin impulsan 985, esto es más del 60% de las sanciones. «Ante estos datos sospechamos si existía la intención de que prescribieran los procedimientos, al igual que ocurrió entre los años 2009 y 2011, y con ello privar al Ayuntamiento de ingresos necesarios para las arcas municipales», afirmó el alcalde. La Junta de Gobierno ha decidido remitir la documentación existente al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Instrucción a fin de esclarecer los hechos.

El alcalde ha subrayado que se desconocen los criterios por los que la Delegación de Urbanismo dejó de ejecutar los decretos sancionadores, llegando a la conclusión de que no existe ni criterio de antigüedad o cuantía. «Hay expedientes que se dejan prescribir y sin embargo se acometen sanciones relativamente próximas en el tiempo. Asimismo, hay sanciones de baja cuantía económica para las que la delegación era especialmente dura y, sin embrago, sanciones millonarias se dejan prescribir. Por lo tanto, el único criterio era discrecional. Esto necesita una respuesta», ha añadido Bernal.

Análisis de los expedientes

El trabajo de la Delegación de Urbanismo se centrará ahora, bajo la tutela de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, en analizar cuántos de los 985 expedientes sancionadores no impulsados desde 2011 por el Ejecutivo del PP han prescrito para poder ejecutar el resto, y no incrementar así el daño económico que se derivaría al no cobrar esas multas por infracciones urbanísticas, cuantía que se sumaría a los más de 9 millones de euros de los expedientes ya prescritos entre 2009 y 2011. «Necesitamos corregir esto, no podemos permitir que el municipio pierda un sólo euro más por procedimientos que bien no se han impulsado o bien se han dejado prescribir», ha afirmado Bernal.