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«Ojalá nunca tengamos que usarlo, pero sólo con que se llegue a utilizar una vez y permita salvar una vida está más que justificada su adquisición». Esta frase es de Andrés García y se refiere al desfibrilador que acaban de instalar en el rellano del portal de su bloque, en la urbanización Cruz del Sur de Benalmádena. «Somos cerca de 200 vecinos y hay mucha gente mayor, así que vimos que era una buena idea tener uno porque nunca se sabe lo que puede pasar», comenta este vecino al que la estadística da la razón de forma contundente. De los cerca de 30.000 fallecimientos que se registran cada año por un problema cardíaco en España el 65% tienen lugar en el domicilio del afectado. Desde hace unas semanas, esta comunidad de propietarios está cardioprotegida con un equipo DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático), y no es precisamente la única. Ante esta realidad, cada vez son más los bloques de viviendas que cuentan con estos 'inquilinos', aunque aún queda mucho camino por recorrer. Según la estadística que manejan en el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, desde que a mediados de 2017 suscribieron un contrato con Procardio Hearthcare para promover la instalación de desfibriladores en las zonas comunes de los edificios ya son 200 las comunidades cardioprotegidas, la mayoría en la Costa del Sol occidental.
Lo que sí es obligatorio antes de su instalación es la realización de un curso para poder utilizarlo. En el caso de Cruz del Sur, el entrenamiento de soporte vital básico para aprender técnicas de reanimación cardiopulmonar y uso de estos aparatos lo han recibido tres trabajadores que se encargan del mantenimiento y limpieza de la comunidad, así como cinco vecinos de distintas nacionalidades que suelen pasar bastante tiempo en casa. «Entre ocho personas es bastante probable que siempre haya al menos uno en el caso de que sea necesario», comenta Andrés.
En este sentido, cabe precisar que estos aparatos incluyen instrucciones por voz en varios idiomas para ponerlo algo más más fácil en caso de emergencia. «Es fundamental que en caso de emergencia los vecinos sepan a quién acudir, porque cada minuto que se pierde suponen un aumento exponencial de las probabilidades de morir», afirma José Manuel Alcalá, responsable de Meduba, una empresa especializada en cardioprotección de espacios públicos y privados que en los últimos meses ha visto cómo la demanda de desfibriladores está aumentando entre las comunidades de propietarios. Desde la Fundación Española del Corazón recuerdan que ante una parada cardíaca hay que reaccionar de manera muy rápida, por lo que hay que llamar al 112, realizar secuencialmente las maniobras de reanimación y pedir que alguien localice el desfibrilador más cercano para aplicar las descargas mientras llega la ambulancia.
¿Su coste? A partir de los mil euros, aunque en este caso concreto la comunidad de propietarios ha pagado 1.600, incluido un dispositivo que avisa automáticamente al 112 en cuanto se abre la vitrina del desfibrilador, así como la citada formación y la cartelería que hay distribuida por todo el complejo indicando la ubicación del equipo y el contacto de las personas que saben utilizarlo. En cuanto al mantenimiento de estos aparatos, la ventaja es que se autochequean, así que lo único que hay que hacer es estar pendiente de cuándo toca sustituir la batería y los electrodos, cuya vida útil oscila entre los 2 y los 4 años.
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