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El suyo es un trabajo silencioso, ingrato. De desgastar suela en la calle, escuchar conversaciones telefónicas hasta el hastío o bucear entre montañas de documentos. Que se cocina a fuego lento y que no siempre consigue el resultado esperado. En un año especialmente violento, donde el crimen organizado ha dejado unos 25 episodios sangrientos en la provincia de Málaga, la unidad que lo combate, la Udyco-Costa del Sol, está cosechando una cifra récord de detenidos y de droga incautada: más de 500 arrestados –relacionados, de un modo u otro, con el narcotráfico– y el doble de droga decomisada que en 2017.
El balance lo maneja el inspector jefe Antonio Rodríguez Puertas, responsable de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado para la provincia de Málaga. «Ha sido un año complicado en cuanto a ajustes de cuentas, pero espectacular en resultados y eficacia policial. El mejor en mucho tiempo. Hay mucho trabajo detrás», afirma el agente, que ha encabezado las grandes operaciones de la Policía Nacional, algunas de ellas conjuntas con la Guardia Civil, como la que permitió la incautación de 6.300 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de plátanos en una nave de un polígono de la capital.
La Udyco-Costa del Sol, que cerró 2017 con 24.000 kilos de estupefacientes decomisados, lleva ya intervenidos, hasta diciembre, más de 40.000 kilos de droga, de los cuales unos 30.000 son de hachís, 10.000 de cocaína y el resto, marihuana (más de 11.000 plantas), heroína y sustancias de diseño. La otra vía de trabajo de los agentes se centra en torpedear la línea de flotación de los narcos: su economía. Desde enero, la policía malagueña ha «intervenido, embargado o aflorado» bienes o dinero por 100 millones de euros.
Las operaciones policiales contra el narcotráfico y el crimen organizado, como la que sirvió para desarticular una oficina de sicarios suecos a la que se atribuyó dos asesinatos en la Costa del Sol, se han saldado este año con más de 500 detenidos, otra «cifra récord» dentro del balance anual de la Udyco, tal y como advierte Rodríguez Puertas. Estos arrestos han servido para desmantelar más de 60 grupos criminales, entre los que predominan «españoles, marroquíes, holandeses, ingleses y franceses», aunque también, y esto es novedad, de los países nórdicos. «Cada vez nos encontramos con más organizaciones transnacionales, es decir, con integrantes de hasta tres y cuatro países distintos», apunta el inspector jefe, que aporta un dato que ayuda a entender el «papel estratégico» de la provincia en el mapa del crimen organizado mundial: «El 33% de los investigados en España están en Málaga».
El responsable de la Udyco-Costa del Sol reconoce que, aunque «siempre ha habido picos de violencia», este ha sido un año «peculiar»; por primera vez, las Fuerzas de Seguridad se han tenido que enfrentar incluso a episodios de narcoterrorismo tras la explosión de dos bombas en San Pedro Alcántara y Benahavís, a las que sumar un tercer artefacto detonado por los Tedax también en Marbella. «Influyen muchos factores», reconoce Rodríguez Puertas. «Puede haber una relación con las aprehensiones, ya que ellos –los narcos– pueden llegar a pensar que se deben a filtraciones o chivatazos. Y si se ha perdido el alijo, los costes hay que pagarlos. Puede deberse a luchas de poder por el territorio, muchas veces en sus países de origen, pero que trasladan los ajustes de cuentas a esta zona, que es donde residen. O también a la presión que se está ejerciendo sobre el Campo de Gibraltar». Pero si se le pregunta por factor clave, el mando policial no tiene dudas: los 'vuelcos' (asaltos entre narcos para sustraer la droga). «El 70% de los ajustes de cuentas que hemos tenido este año están relacionados, de un modo u otro, con robos o el impago de mercancía», reconoce el inspector jefe, que concluye con un aviso a navegantes: «Se está trabajando con mucha intensidad y, más pronto o más tarde, se dará respuesta a todos esos casos. Su destino será la cárcel. La Costa no es ni va a ser una zona placentera para el asentamiento de estas organizaciones».
Por Jesús Hinojosa
La saturación provocada por la falta de espacio en la provincia para almacenar coches incautados en procedimientos judiciales ha quedado de manifiesto en los informes de la Consejería de Justicia para sacar a concurso la disposición de nuevos almacenes de este tipo para las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, así como para la zona de Algeciras. Según se pone de manifiesto en estos documentos, el almacenamiento de vehículos incautados en instalaciones privadas, que cobran tarifas por días, se ha vuelto completamente insuficiente para dar cobertura a este servicio hasta el punto de que algunos coches tienen que derivarse al depósito judicial que la Junta posee en Sevilla.
Desde principios de este año, el depósito sevillano, que también acoge vehículos de otras provincias andaluzas, ha recepcionado 40 automóviles procedentes de Málaga, lo que supone un 10% de los incautados anualmente aquí. Llevar cada uno de estos coches a Sevilla supone un coste de unos 336 euros cada uno; y contribuye a agravar el colapso que también padece el almacén hispalense, hasta donde tienen que desplazarse los propietarios de estos vehículos cuando se les devuelven.
Esta circunstancia, y «la necesidad imperiosa de acabar con la actual situación en que los vehículos incautados siguen depositándose en instalaciones privadas», lo que está motivando reparos de la Intervención encargada de la fiscalización de las facturas que llegan a la Delegación del Gobierno de Málaga, es lo que ha llevado a la Junta a iniciar la contratación de un nuevo espacio para depósito judicial de la provincia por un importe de 1,1 millones de euros y un plazo de tres años, prorrogables por otros dos más. En el caso de Málaga, los aspirantes a hacerse con este servicio de recogida, transporte, depósito, custodia y destrucción en su caso de los vehículos incautados por la Justicia deberán disponer de una superficie total de unos 21.000 metros cuadrados (en varias parcelas o una sola) para albergar un mínimo de 1.200 vehículos.
Antiguo vivero
La Consejería de Justicia recuerda en el expediente para contratar este servicio que no implica que renuncie a desarrollar el proyecto para realizar un gran depósito judicial de vehículos a la intemperie que daría servicio tanto a Málaga como al Campo de Gibraltar, en una parcela de 81.284 metros cuadrados situada junto a la antigua N-340, entre la zona comercial conocida como ciudad del automóvil o ciudad Ibericar, junto a San Julián, y el entorno de Ikea y Plaza Mayor. Se trata de la finca conocida como Hacienda Santa Isabel, que años atrás albergó un vivero. La Junta critica en sus informes que la autorización del Ayuntamiento para poder llevar a cabo este proyecto, que no es bien visto por el equipo de gobierno local, «está resultando tremendamente lenta y compleja».
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