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La Asociación de Inspectores de Educación, ADIDE, rechaza que funcionarios de este cuerpo presidan las comisiones de garantías de admisión, encargada de velar por el buen desarrollo del proceso de escolarización que se abren en unas semanas y por que en el mismo se garanticen los derechos de estudiantes y familias.
El problema tiene su origen en el proyecto de Decreto que prepara la Consejería de Educación y Deporte por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, pendiente de publicación, y en el que se establece que las comisiones territoriales de garantías de admisión estarán integradas entre otros miembros por la persona titular de la correspondiente Delegación Territorial competente en materia de educación, que ejercerá la presidencia y que podrá delegar en un funcionario o funcionaria perteneciente al Servicio Provincial de Inspección de Educación. El anterior decreto, el de 2011, fija la delegación de estas competencias en directores o directoras de un centro docente público de la provincia.
ADIDE-Andalucía no comparte este nuevo planteamiento ya que entiende que puede haber solapamiento de funciones, ya que según el proyecto de Decreto, entre las funciones de estas comisiones territoriales de garantías de admisión está la de supervisar el procedimiento de admisión del alumnado y garantizar el cumplimiento de las normas que lo regulan.
«Entendemos que se vulnera el principio de imparcialidad, al supervisar un procedimiento del que es parte, pudiéndose igualmente vulnerar el principio de independencia técnica de la inspección llegado el caso de solicitud de informes respecto de la actuación de otros compañeros a frente de las comisiones de escolarización», señala la presidenta de ADIDE, Catalina Ortega Puertas, pues «la inspección no tiene competencia para supervisar la actuación de otro compañero o compañera».
Entiende, por otra parte, que las comisiones de garantías de admisión llevan a cabo numerosos cometidos relacionados con la gestión de los procedimientos de escolarización «que son ajenas a las funciones de los inspectores e inspectoras de educación recogidas en la normativa en vigor, lo que va a suponer un incremento de tareas esencialmente administrativas que nos alejan de nuestras funciones principales de supervisión y evaluación».
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