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La estadística es contundente y confirma, aún hoy, que de entre todos los delitos contra las mujeres, los relacionados con las agresiones sexuales son los más invisibilizados. Las dudas de las víctimas a la hora de interponer una denuncia, los prejuicios que en ocasiones llevan a ‘juzgarlas’ a ellas antes que a los propios agresores o, en fin, el esfuerzo extra que en esas circunstancias representa el tener que demostrar con pruebas irrefutables que la agresión ha sido real hace que muchas de las víctimas no se decidan a dar el paso adelante.
Además, cuando se habla de agresiones sexuales hay que tener en cuenta otro fenómeno que complica mucho más el escenario al que se enfrenta una mujer (en la mayoría de los casos –el 87%– son ellas las víctimas): son los abusos en los que intervienen las llamadas drogas de sumisión química, que anulan la voluntad y la capacidad de recuerdo y cuyo rastro, además, es complejo de aislar en una prueba clínica porque se eliminan del organismo en un periodo medio de entre 2 y 6 horas. Este tipo de abuso sexual representa una realidad creciente de cuantos se denuncian, y así lo confirma el dato de que en la provincia de Málaga una de cada tres agresiones tienen detrás el uso de este tipo de sustancias. La más conocida es quizás la burundanga, aunque según confirmó ayer el director del Instituto Médico Legal de Málaga, José María Caba, «las combinaciones que más se detectan en estos casos son las que combinan la benzodiazepina –un psicotrópico con efectos sedantes– con el alcohol».
El especialista hizo esta valoración durante la presentación de un protocolo pionero sobre agresiones sexuales que comenzará a aplicarse de manera inmediata en los hospitales de la provincia –Materno, Clínico, Axarquía y Ronda– una vez confirmada la eficacia de este trabajo en red en el Hospital de la Costa del Sol, donde se puso en marcha a finales de 2016. La simplificación de los trámites para la víctima, que evita así el trago de someterse a varios reconocimientos y declaraciones, y el trabajo altamente especializado y coordinado de todos los profesionales que intervienen en el proceso –desde los sanitarios a la policía o los forenses– están detrás de este proyecto inédito en el resto de hospitales públicos españoles. Y uno de sus retos, más allá de lograr un procedimiento más garantista para la mujer que ha sufrido la agresión, es el de la detección precoz de estas sustancias que anulan la voluntad.
El hecho de que este tipo de drogas sean de rápida eliminación del organismo se suma a otra circunstancia que los especialistas vinculan directamente a «lugares de ocio y fiesta y a violaciones múltiples». Así de contundente se mostró la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, Ángeles Sepúlveda, quien insistió en la importancia en acudir de inmediato a un centro sanitario para garantizar que «se conservan de manera adecuada unas muestras tan delicadas». «Las primeras horas son fundamentales porque la víctima lleva las pruebas en su ropa, en su pelo, en su estado psicológico e incluso en su sangre en el caso de que la hayan drogado», observó la especialista tras confirmar que «aunque las agresiones sexuales siempre han existido ahora se denuncian más».
En este sentido, a lo largo de 2017 se contabilizaron en la provincia de Málaga 112 denuncias por agresiones sexuales: de ellas, 48 fueron violaciones –15 en Málaga capital y 10 en Marbella–, un dato este último que registró un incremento del 29% con respecto al año anterior. Además, del cerca de medio centenar de casos de abusos que se registraron en el Hospital Costa del Sol durante el primer año en vigor del nuevo protocolo, en 21 de ellos se tomaron muestras por sospecha de drogas de sumisión química.
Este proyecto es el resultado de meses de «intenso trabajo» en varios frentes y ha contado con la implicación de todos los profesionales que toman parte en la atención a las víctimas de agresiones sexuales –médicos, policía, forenses o 112–, según confirmó la médico adjunta del Servicio de Urgencias del Hospital Costa del Sol, Carmen Agüera, quien recordó que este protocolo va dirigido a mujeres de 14 años o mayores que han sufrido una agresión y/o abuso sexual, «pero también a los menores y a los varones».
El nuevo protocolo de atención a las víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, denominado ‘Procedimiento de Coordinación Provincial de Actuaciones en Agresiones Sexuales’, se activa en el momento en que la persona afectada llega a un hospital y dice que ha sufrido una agresión de estas características. A través del 112 se da aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el caso de que no hayan recibido la notificación por parte de la víctima –hay casos en los que la agredida acude primero a una comisaría y desde allí los efectivos policiales la acompañan al centro sanitario–, y también se solicita la presencia de un médico forense a través del juzgado de guardia para que también proceda a la revisión en el propio centro sanitario. Esta coordinación permite, en palabras de la médico adjunta del Servicio de Urgencias del Hospital Costa del Sol, Carmen Agüera, que la víctima salga del hospital «con todo el protocolo completado, es decir, con los análisis, toma de muestras, pruebas y con un tratamiento de profilaxis para evitar las enfermedades de transmisión sexual». También es posible, si las circunstancias lo permiten, que la víctima preste declaración ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el propio centro sanitario. «Y todo ello va atado y firmado por todos los profesionales que intervienen en el proceso de modo que los documentos y pruebas son válidos para el proceso judicial posterior, garantizándose la cadena de custodia», añadía Agüera.
La importancia de esta iniciativa pionera reside en que se evita «la doble victimización» y el trago de estar prestando declaración y ser sometida a análisis y pruebas en diferentes estados del procedimiento. «Se trata de que no haya un sufrimiento añadido con más pruebas de la cuenta, interrogatorios, análisis, entrevistas... de esta manera está todo unificado y se gana en bienestar para la víctima dentro de las circunstancias», confirmaba la especialista.
En este punto conviene recordar que para que se active este protocolo debe existir una denuncia, aunque en este caso no es necesario que sea por escrito. «También se puede hacer de modo verbal o incluso manifestando que existe la intención de denunciar», aclaraba por su parte el director del Instituto Médico Legal de Málaga, José María Caba, quien añadió que en este último caso «la policía se pone en contacto con el juzgado de guardia para iniciar todo el procedimiento de atención a la víctima y ésta luego se ratifica en la denuncia con posterioridad». Pero siempre –insisten los especialistas– es necesaria la denuncia. Y no sólo por la importancia de sacar a la luz esta forma de violencia, sino para asegurarse de que el proceso de toma de pruebas o testimonios se hace lo antes posible y, sobre todo, con todas las garantías.
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