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La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de la plusvalía ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Málaga, que cada año recauda una media de 50 millones de euros a través de este tributo. Su concejal de Economía, Carlos Conde, no oculta su preocupación al reconocer que a los municipios se les presenta «un serio problema a la hora de aprobar los presupuestos porque este impuesto permite financiar servicios públicos».
«Era la crónica de una muerte anunciada. Llevamos tiempo advirtiendo al Gobierno por activa y por pasiva tanto a través de mociones como en la comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que debía acometer de manera urgente la reforma de este impuesto por la inseguridad jurídica que había encima de la mesa. No lo hicieron y ahora nos encontramos con esta situación», se lamenta el edil del PP, quien considera que el mejor mecanismo, antes y ahora más si cabe tras la sentencia, es «eliminar un impuesto con tanta litigiosidad y que el Estado compense económicamente a los ayuntamientos».
En este sentido, avanza que desde el grupo parlamentario del PP en el Congreso se va a pedir la convocatoria urgente de una reunión con Hacienda y demás organismos competentes para plantearles la necesidad de aplica «de forma inmediata esa compensación». En el caso concreto de Málaga capital, Conde ha reconocido que la plusvalía supone el 6% del presupuesto y que este fallo judicial viene a trastocar la elaboración de las cuentas anuales de 2022. «Estamos hablando de una situación muy delicada para todos los ayuntamientos de España», resalta.
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