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Protesta de funcionarios por la crisis de Muface. SUR
Un centenar de usuarios de Muface se concentra ante la Subdelegación del Gobierno de Málaga

Un centenar de usuarios de Muface se concentra ante la Subdelegación del Gobierno de Málaga

Este conflicto mantiene en vilo a 1,5 millones de funcionarios y sus familias cubiertos por este sistema sanitario que el Gobierno tilda de «antiguo y con imperfecciones»

SUR

Sábado, 11 de enero 2025, 15:24

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este sábado ante la puerta de la Suddelegación de Málaga, en Paseo de Sancha, para expresar su malestar ante la crisis de Muface y de paso exigir al Gobierno central que mueva ficha para solucionar el conflicto. Según alertan estos ciudadanos, el bloqueo actual de Muface está afectando a la atención médica de los usuarios. «En defensa del concierto sanitario de Muface», «Es un derecho que pagamos desde 1975, rezan algunos de los carteles usados durante la protesta en Málaga capital.

Y es que, a día de hoy, todos las posibilidades parecen abiertas en este conflicto que mantiene en vilo a 1,5 millones de funcionarios y sus familias cubiertos por este sistema sanitario. El próximo 15 de enero vence el plazo para que las aseguradoras interesadas en prestar este servicio acudan a la nueva licitación del Gobierno pero, al menos de momento, las dudas están más presentes que las certezas.

El pasado jueves se sucedía otro duro revés al último intento para salvar la asistencia sanitaria de estos funcionarios y sus familias. Tras el portazo de Adeslas a seguir prestando el servicio bajo las nuevas condiciones planteadas por el Gobierno, DKV confirmó que no acudirá a la nueva licitación, lo que impactaría sobre casi los 200.000 empleados públicos que actualmente están suscritos al seguro, entre titulares y beneficiarios. Si se suman los de Adeslas, prácticamente 700.000 funcionarios se quedarán sin seguro médico a partir de abril, fecha a la que el Gobierno ha obligado a las aseguradoras implicadas a mantener la atención de los pacientes mientras se resuelve -si finalmente lo hace- el nuevo convenio. Esa cifra de afectados supone casi la mitad del colectivo de mutualistas, y dos terceras partes de los empleados públicos que se decantan por el sistema de salud privado, puesto que hay más de medio millón de mutualistas que ya elegían la sanidad pública.

El Gobierno, aunque mantiene como prioridad sacar adelante el nuevo convenio, también abre la puerta a un cambio en el modelo. De hecho, el propio ministro de Función Pública, Óscar López, indicó este miércoles pasado que «hay una reflexión pendiente, posterior, una vez firmado el concierto, para un modelo muy antiguo que acumula ciertas imperfecciones, ciertas cosas que se pueden mejorar».

Por su parte, la postura del ministerio no está siendo bien acogida por los funcionarios, que ven peligrar el sistema sanitario por el que buena parte del colectivo está cubierto desde hace cinco décadas.

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