Afectados por la talidomida reclaman dejar de ser invisibles  y una reparación del daño

La expresión latina primum non nocere se traduce por «lo primero es no hacer daño». Cuando el remedio contra una enfermedad es peor que el propio padecimiento está claro que los controles de seguridad han fallado. Eso fue lo que ocurrió con la talidomida, un medicamento que se administró a las mujeres embarazadas durante sus primeros meses de gestación, como sedante y para evitar los vómitos, a lo largo de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. El fármaco fue el causante de unas malformaciones congénitas que se descubrían cuando el niño nacía. Esas anomalías se manifestaban sobre todo en las extremidades superiores (brazos) y en las inferiores (piernas). En ocasiones, también había lesiones en órganos internos. Las malformaciones eran, a veces, tan graves que el paciente moría.

La talidomida, desarrollada por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal, se comercializó en muchos países desde 1956 hasta 1961, año en que se retiró del mercado. Sin embargo, en España no fue prohibida hasta 1963, aunque se siguió prescribiendo hasta 1969 e incluso hay recetas hechas en los años setenta, según dijo a este periódico el delegado en Andalucía de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), Ángel Marín. Este colectivo mantiene una dura batalla para que los afectados por la talidomida dejen de ser invisibles, el Estado los reconozca, se repare el daño que sufrieron y se cree un protocolo que determine que su malformación se debe a la talidomida.

Avite ha conocido estos días un fallo de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que rechaza indemnizar a las víctimas por considerar que la acción de responsabilidad civil, por la que los perjudicados solicitaron en 2012 indemnizaciones, estaba prescrita. A Avite le queda acudir al Tribunal Constitucional y, en caso de que este se inhiba o falle en contra de los talidómicos, ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Independientemente de agotar las vías judiciales, Avite no se dará por vencida en su campaña para que las víctimas sean visibles y resarcidas. Una de sus reivindicaciones es que se cree un censo real de afectados. «No sabemos cuántos somos, porque en España nos tienen ocultos desde hace 60 años», afirmó Tomás García, un veterinario y músico de 57 años. «A lo largo de mi vida, cuando me han preguntado qué me pasa en el brazo he respondido que he nacido así, pero eso no fue por azar, nací así por culpa de la talidomida, un principio activo que provocaba malformaciones congénitas», precisó. «En ningún país hubo la ocultación de este asunto que se dio en España. La mayoría de los afectados ignoraban la causa de su malformación; se enteraron gracias a Avite»», recalcó Tomás García. «Los médicos no pueden hacerme un certificado de que mi minusvalía fue originada por la talidomida, ya que no hay ningún protocolo establecido para hacer un diagnóstico», indicó. A ese respecto, comentó que Avite ha puesto su empeño en que haya un reconocimiento oficial de los talidómicos, algo que debe hacerse «por justicia y por dignidad».

Tomás García se considera un privilegiado, porque, a pesar de su minusvalía, estudió la carrera de veterinaria, es músico profesional (toca la guitarra), conduce y monta en moto, sin que eso signifique que olvide que no nació así por casualidad ni que sus padres murieron sin saber que no habían tenido culpa en que él tuviese la minusvalía en el brazo derecho. «Es necesario que en España haya una reparación de los daños como ha sucedido en los demás países», dijo.

La opinión de Tomás García es compartida por Ángel Marín, nacido en 1966, profesor de secundaria y que participó en los juegos paralímpicos de Seúl (1988), donde batió tres récords mundiales en 800, 1.500 y 5.000 metros. Marín, que reside en Baena (Jaén), comentó que Avite cuenta con unos 400 asociados, de los que medio centenar son de Andalucía y una docena viven en la provincia de Málaga. El total de víctimas de la talidomida en España, contando las que ya han fallecido, puede rondar las 3.000. Marín destacó que Avite mantiene reuniones con la Junta de Andalucía y espera que den fruto.

Matilde Ruiz, que nació en 1961 y vive en Villanueva de Algaidas, declaró que los afectados por la talidomida han padecido «una indefensión absoluta» y han sobrevivido como han podido. «El apoyo de las familias ha sido nuestro sustento. Ahora luchamos por conseguir un reconocimiento público», señaló. Otro malagueño que convive con el daño producido por la talidomida es Rafael Gómez Pereira, que, a sus 55 años, ya está prejubilado. «Es muy duro que te tengan que cortar un filete, ayudarte a atarte los cordones de los zapatos o a ducharte», asegura y recuerda que al nacer tenía un brazo pegado a la cabeza. «Hasta que fui adulto no me enteré de que lo que me pasaba era por la talidomida. «Nos merecemos una reparación del perjuicio que nos han causado», manifestó.