La prisión quiere ubicar a las víctimas del violador múltiple antes de asignarle un centro de tercer grado

La cárcel de Albolote, donde se encuentra recluido, quiere asegurarse antes de que, cuando se le asigne un Centro de Inserción Social (CIS), se respeta la orden de alejamiento de 2.000 metros que está vigente (durante los próximos 15 años) respecto a 18 de sus 24 víctimas.

La cuestión es compleja y explica que Juan Carlos G. R. no saliera el mismo viernes de la prisión granadina rumbo a su nuevo destino, como suele ser habitual cuando los reclusos obtienen el tercer grado por imperativo judicial, tal y como han confirmado en el entorno del propio centro.

El criterio del juez, en el auto por el que le otorga la semilibertad, es clara: Juan Carlos disfrutará de la misma en modalidad de vida -es decir, un tercer grado más o menos abierto- que se estime oportuna por la junta de tratamiento «en atención a sus circunstancias personales, familiares y laborales». Es decir, deja en manos de la prisión cómo y dónde.

La primera decisión que adoptó Instituciones Penitenciarias fue aplicarle la modalidad más restrictiva, esto es, la del artículo 82.1 del reglamento, en la que se limitan las salidas por las características psicosociales del reo para su progresiva adaptación a un régimen abierto más pleno. En estos casos, se busca alguna asociación o institución pública o privada para su apoyo o acogida en el momento de su salida en libertad.

El juez también deja en manos de prisiones el CIS donde llevará a cabo ese último tramo del proceso de reinserción, aunque le pide que atienda a sus «circunstancias personales, familiares y laborales», lo que, a priori, implicaría asignarle el centro más cercano al lugar donde vive su pareja (al parecer, actualmente no tiene) o su familia (reside en Málaga).

El problema viene al compaginar los derechos del reo con los de las víctimas. La sentencia que lo condenó en 2005 a 271 años de cárcel dejaba también claro que no iba a cumplir más de 20, al ser el límite máximo que entonces marcaba la ley. Pero introducía una medida posterior en aras de proteger a las mujeres: una orden de alejamiento de 2.000 metros respecto a 18 de ellas durante un periodo de 15 años a partir de la puesta en libertad de Juan Carlos.

En consecuencia, la prisión de Albolote ha decidido que, lógicamente, antes de que Instituciones Penitenciarias le asigne un CIS, es necesario ubicar a cada una de esas víctimas para asegurarse de que se respeta la medida de protección impuesta por la resolución judicial. Dicho de otro modo: que el centro al que acuda no está a menos de dos kilómetros del lugar donde reside o trabaja alguna de ellas.

Para ello, la cárcel granadina está trabajando desde hace días con la oficina de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, adscrita al Ministerio de Justicia, para situar a cada una de las 18 mujeres sobre las que está vigente la mencionada orden de alejamiento.

Una vez elaborado ese mapa de las víctimas, con su residencia y lugar de trabajo, será Instituciones Penitenciarias quien -con toda la información necesaria en la mano- adopte una decisión sobre el CIS al que destina a Juan Carlos para que disfrute del tercer grado.