Málaga pone fecha a la aprobación del plan de 'minipisos' de VPO en suelos municipales
El equipo de gobierno local rechaza una propuesta de Con Málaga para aumentar de 30,5 a 45 el mínimo de metros cuadrados útiles para una vivienda
El Ayuntamiento de Málaga ya ha puesto fecha a la aprobación del plan con el que el alcalde, Francisco de la Torre, quiere combatir la actual crisis de acceso a la vivienda en la ciudad, con la construcción de unas 2.000 VPO de alquiler en una veintena de parcelas municipales previstas inicialmente para equipamientos públicos. La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha avanzado este lunes que será en el próximo pleno municipal, previsto para el miércoles 2 de julio, cuando se someterá a votación la segunda fase de la adhesión de la capital al decreto que aprobó la Junta el pasado mes de febrero para potenciar la construcción de VPO y que permite destinar suelos dotacionales a la realización de pisos protegidos de alquiler con carácter transitorio.
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Ese decreto, al que el Consistorio ya se sumó como primer paso en el pleno del pasado mes de marzo, da a los ayuntamientos un plazo de un año para aprobar oficialmente hacer uso de las opciones que facilita y, desde ese momento, dos años para que se soliciten las licencias de obra para la construcción de las viviendas, que deberán terminarse en tres años desde que obtengan los permisos urbanísticos. En el caso de Málaga, De la Torre ha anunciado que tendrán una superficie desde 35 hasta 50 metros cuadrados, por lo que han sido bautizadas como 'minipisos', y que serán alquileres temporales, para no más de siete años.
El plan del Consistorio es dejar la construcción y explotación de estos pisos en manos de promotoras privadas, por lo que se desarrollarán por fases, en función del interés que muestren las empresas inmobiliarias por las diferentes parcelas elegidas, que saldrían a concurso por grupos. La intención del Instituto Municipal de la Vivienda es ceder estos terrenos por un periodo de 75 años, y establecer un alquiler máximo de 500 euros mensuales para un piso de 50 metros cuadrados. A partir de esa cantidad, unos 10 euros por metro cuadrado, las promotoras podrán ofertar alquileres más bajos, lo que las premiará a la hora de hacerse con las parcelas.
La superficie mínima exigida para una vivienda es superior en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Bilbao
El grupo municipal de Con Málaga ha presentado en la comisión plenaria de Urbanismo de este lunes una moción para modificar el Plan General de Ordenación Urbanística de forma que los actuales 30,5 metros cuadrados útiles que se consideran como mínimo para considerar una vivienda como tal se incrementen hasta 45. La portavoz de esta formación, Toni Morillas, ha señalado que Madrid y Sevilla tienen establecido un mínimo de 40 metros cuadrados, en Zaragoza y Barcelona son 37, y en Bilbao 45. «Málaga es de las capitales menos exigentes en relación al tamaño que debe tener una vivienda», ha afirmado.
Sin embargo, la propuesta de Con Málaga ha sido rechazada con los votos negativos del PP y Vox. La edil de Urbanismo ha defendido que las viviendas de poco más de 30 metros cuadrados «están recogidas en los planes de vivienda y existen en otras ciudades españolas, por lo que no veo por qué aquí no pueden hacerse». «La ministra de Vivienda inaugura conjuntos con esta tipología edificatoria», ha apuntado Casero, quien ha pedido «no demonizar una cuestión que se está haciendo en otras ciudades». «Vamos a poner en carga viviendas de todas las tipologías», ha defendido.
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Asimismo, con la mayoría de votos del equipo de gobierno, se ha rechazado una moción del concejal del PSOE Mariano Ruiz en la que se pedía que el precio de los alquileres de esos 'minipisos' de VPO suponga como máximo el 30% de los ingresos netos de los malagueños, y que la gestión de esos hogares sea realizada directamente por el Instituto Municipal de la Vivienda, sin cederlas a promotoras privadas. El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha recordado que, a la hora de ceder los suelos, se premiará a las empresas que ofrezcan un alquiler más bajo, y ha remarcado que los precios establecidos por la Junta como máximos para este tipo de pisos protegidos en régimen de arrendamiento ya implican que estarán «muy por debajo del 30% de los ingresos familiares».
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