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No solo van a ser proyectos comerciales los que florezcan en el entorno del centro comercial y de ocio Plaza Mayor y la barriada de San Julián. En los últimos años, son muchas las franquicias y empresas que han puesto sus ojos en este ámbito del territorio malagueño limítrofe con Torremolinos para implantar sus establecimientos: Ikea, Leroy Merlin, Bricomart, Porcelanosa... Sin embargo, sobre este entorno comercial de la capital planea una actuación que en nada tiene que ver con la filosofía de las inversiones desarrolladas hasta ahora, y las que están por llegar. Según ha podido conocer este periódico, la Junta de Andalucía pretende dar uso a un terreno de su propiedad en esta zona para habilitar un gran depósito judicial de vehículos y barcos a la intemperie que daría servicio tanto a la provincia de Málaga como al Campo de Gibraltar.
El proyecto está promovido por la Consejería de Justicia e Interior, que ya ha iniciado ante el Ayuntamiento la tramitación urbanística preceptiva para poder encajarlo en una parcela de 81.284 metros cuadrados situada junto a la antigua N-340, entre la zona comercial conocida como ciudad del automóvil o ciudad Ibericar, junto a San Julián, y el entorno de Ikea y Plaza Mayor. Se trata de la finca conocida como Hacienda Santa Isabel, que años atrás albergó un vivero y que está calificada en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente como suelo no urbanizable de especial protección, por lo que no puede transformarse. Son varias las especies arbóreas que pueblan esta pastilla de terreno, que tiene su límite por el sur en las vías de la línea de Cercanías.
Para poder convertirla en el ‘Depósito judicial de vehículos de la provincia de Málaga y elCampo de Gibraltar’ –como se denomina el proyecto que pretende acometer el Gobierno andaluz–, la Junta necesita quitarle la calificación de ‘especial protección’ para convertirla en ‘sistema general en suelo no urbanizable’, lo que permitiría darle el uso como almacén de coches, barcos y otro tipo de vehículos confiscados en diferentes procedimientos judiciales.
Con este objetivo, la Consejería de Justicia ha solicitado a la Gerencia Municipal de Urbanismo que inicie los trámites para una modificación del PGOU que ya ha sido activada por parte del Ayuntamiento. De hecho, el Consistorio ha dado curso ya al paso previo para este cambio urbanístico, que consiste en un procedimiento de evaluación ambiental estratégica que ya ha sido admitido a trámite por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
De esta forma, la maquinaria burocrática se ha puesto ya en marcha para hacer posible esta iniciativa. Fuentes de la Consejería de Justicia consultadas por este periódico explicaron que aún no se conocen con detalle las características de la actuación, porque está todavía «en fase de redacción del proyecto», señalaron.
Actualmente, la provincia cuenta con dos depósitos judiciales situados en Cártama y en Manilva y gestionados por privados a los que la Administración regional abona una determinada cantidad económica por este servicio. Desde Justicia no aclararon si el nuevo depósito proyectado supondrá el cierre de los dos existentes.
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