Andalucía es una de la regiones con más riesgo de desigualdad, según un estudio

Con sólo un tercio de la población plenamente integrada, altas tasas de temporalidad en el empleo y uno de los mayores porcentajes de abandono escolar, Andalucía es una de las regiones españolas con mayor riesgo de desigualdad. El primer informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, impulsado por varias plataformas sociales, concluye que la tasa de riesgo y pobreza en la Comunidad se sitúa en el 43,2%, lo que supone 15 puntos por encima de la media.

El informe presentado ayer en la capital alerta de que la situación en la Comunidad es bastante más compleja que en el resto del país y lamenta que las políticas públicas corrigen «de manera insuficiente» las situaciones de pobreza actuales. Según se desprende del mismo, las desigualdades actuales «deben ser corregidas por las políticas públicas, y para ello es imprescindible una política fiscal justa y suficiente». En este sentido apuntan que «deberán contribuir más a las arcas públicas aquellas personas con mayor capacidad económica, y hacerlo en mayor proporción respecto de aquellos con menor capacidad económica».

Sonia Díaz, una de las artífices del informe y miembro de Oxfam Intermón, apunta que «sólo el 30% de la población no tiene carencias básicas» y lamenta que cada vez hay más personas con trabajos temporales y que no llegan al salario mínimo interprofesional. «La idea de que Andalucía sea una de las regiones con mayor riesgo de desigualdad trae importantes consecuencias, como que el número de personas que no percibe ningún tipo de subsidio ha superado el 50%, más de 600.000 personas en 2016», resumió. Durante la presentación en el Ateneo, el economista Ricardo Molero asegura que las condiciones que se viven en Andalucía son peores que en el resto del país porque el PIB ha evolucionado de forma más negativa y las tasas de paro han aumentado en mayor porcentaje. «Sería fundamental realizar una reversión de las políticas laborales que afectan a Andalucía, ya que la tasa de exclusión social es 15 puntos superior a la media nacional».

Según se detalla en el informe, la participación de los salarios en la renta «se ha reducido en mayor medida en la economía andaluza que en la española». Mientras que las familias de ingresos medios y bajos suelen tener las rentas del trabajo como principal fuente de ingresos, las familias de ingresos altos suelen concentrar las rentas del capital.

Por esta razón, razonan que un reparto de la renta a favor de los beneficios suele generar el empeoramiento de la desigualdad de ingreso entre las familias. Para paliar estos déficits, los responsables del informe recomiendan que las personas con mayor capacidad económica contribuyan más a las arcas públicas y denuncia la actual «competencia fiscal a la baja» que sólo ayuda a que haya una menor recaudación para el conjunto de las administraciones y, en consecuencia, una menor capacidad redistributiva del sistema.

El estudio no sólo entra a valorar aspectos económicos, sino diferentes variables que tienen que ver con el estado general de la sociedad actual. En este sentido, en el ámbito de la salud, se advierte que la salud de la población afectada por un proceso de desahucio sufre «una peor salud general, peor salud mental, mayor posibilidad de presentar una enfermedad crónica y una menor probabilidad de llevar un dieta saludable». De igual modo, indica que se ha observado «un aumento de las desigualdades» de salud percibida entre personas inmigrantes y nativas en perjuicio de las primeras, especialmente entre las mujeres».

A nivel educativo, señala que el nivel de formación terminada de la población andaluza entre 2006 y 2015 se mantiene, y se registra «un ligerísimo crecimiento global de la población andaluza poseedora de estudios universitarios». Sin embargo, «el crítico ciclo de 0 a 3 años se muestra cómo, paradójicamente, son las familias de más bajo nivel socioeducativo y socioeconómico (aquellas que más necesitarían de la escolarización temprana) las que menos recurren a estos servicios».